Santiago. Tras retirar la semana pasada la estatua del general Manuel Baquedano en la plaza que lleva su nombre en Santiago –denominada popularmente Dignidad, por ser epicentro de las protestas sociales en Chile–, la base y el entorno del monumento amanecieron ayer cercados por columnas de hierro empotradas al piso y enrejados en planchas de metal, además de custodiados por carabineros.

El hecho en sí mismo podría no significar nada, excepto que es otra muestra del enfoque cada vez más policiaco que caracteriza al gobierno de Sebastián Piñera, que al faltar un año para su término acaba de renovar el estado de excepción constitucional so pretexto de la pandemia, y sigue empeñado en aplacar la rebeldía ciudadana por la vía de la represión en los sectores populares, señalan expertos.

El gobierno ha anunciado mil carabineros en la plaza Baquedano todos los días viernes, que es el de las protestas. Cuando se requiere tal despliegue policial es porque no se trata de un problema de orden público, sino un problema político con raíces sociales. El gran error de este gobierno ha sido abordar problemas políticos y sociales como de orden público, dice el académico Ernesto Águila, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Estado de excepción

La pregunta es cómo un gobierno y un presidente logran sostenerse con 10 por ciento de aprobación y las protestas sociales recurrentes. Parte de la explicación es que el país lleva un año en estado de excepción y toque de queda. La razón es la pandemia, pero también estas herramientas han permitido al gobierno enfrentar y sofocar la protesta social. La otra razón es una oposición inerte, muy desprestigiada, que no fiscaliza ni interpela al gobierno. La debilidad del gobierno no se traduce en un fortalecimiento opositor. En este sentido hay un empate catastrófico, agrega.

Tanto el anuncio de los mil policías como el cerco de hierro en Dignidad es sintomático de que Piñera quiere impedir que la protesta social siga machacando a su gobierno, desprestigiado incluso entre sus afines, que acusan debilidad, y evidenciando que el origen del conflicto sigue irresoluto. La posesión de la plaza y del monumento es más que simbólica: luego de que la movilización la convirtió en su punto neurálgico, el presidente llegó hasta ahí en abril de 2020 aprovechando que la ciudad estaba en cuarentena a hacerse una foto que difundió en redes sociales, en otro de sus actos impulsivos y que se leyó como provocación. Después él se disculpó con una mala y falsa excusa, pero el daño estaba hecho.

De un tiempo a esta parte se suceden por doquier las acciones represivas. Para muestra, la tarde del día 13, en la populosa y rebelde Villa Francia, al oeste de Santiago, un evento destinado a reunir dinero para fines comunitarios y que realizaban los vecinos en un recinto deportivo y recreativo, fue asaltado por decenas de carabineros que llegaron con blindados, drones, vehículos lanzagases y lanza agua, allanándolo y deteniendo al menos a 26 personas. Carabineros se justificó diciendo que se estaban transgrediendo los protocolos sanitarios contra la peste del Covid-19.

Los vecinos de Viña Francia, barriada caracterizada por su resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), narraron que los niños jugaban a la pelota, realizaban talleres de autodefensa, cuando caen carabineros y revientan todos los accesos del multiuso. No hubo mediación, golpearon a algunas chicas y se llevaron a todo el mundo.

Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dijo a Radio Universidad de Chile: este hecho refleja un aspecto detectado hace un tiempo: sobre la base de invocar el cumplimiento de normas sanitarias se está focalizando la represión sobre todo a sectores populares que, se conoce, han tenido una actitud de rechazo al actuar policial y a las políticas gubernamentales actuales. En Villa Francia, la verdad es que se ejerció una represión brutal e indiscriminada.

Margota denunció además un comportamiento asimétrico tanto de entes persecutores como desde los tribunales de justicia, respecto de cómo enfrentan una situación que tiene que ver con violación de derechos humanos versus manifestación y protesta social.