Dos de los ex funcionarios involucrados en la estafa maestra y que sirvieron para imputar a la ex titular de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por la acusación de ejercicio indebido del servicio público, ahora enfrentan orden de aprehensión a pesar de haber recibido inicialmente los beneficios de ser testigos colaboradores.

Funcionarios federales y documentos del Poder Judicial refieren que José Antolín Orozco, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace en Sedesol, así como María de la Luz Vargas, ex directora de Integración de Padrones, fueron acusados de cometer delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde diciembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió peticiones de involucrados en la estafa maestra para que se les concediera el criterio de oportunidad y recibir beneficios legales que les permitieran eludir acusaciones de carácter penal relacionados con el desvío de más de 5 mil 500 millones de pesos de Sedesol y Sedatu entre 2013 y 2018.Fundamentales en la acusación a la ex secretaria

Fundamentales en la acusación a la ex secretaria

Entre los ex servidores públicos que solicitaron este tipo de acuerdos se encuentra Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, pero quien está sujeto a proceso.

También Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones en Sedesol, solicitó ser considerado candidato a beneficios jurídicos por parte de la FGR, de acuerdo con el testimonio rendido como parte de la indagatoria FED/SEIDF/UNAI-CHIS/0001522-2018, en la que estuvo acompañado de su abogado Arturo Alonso Pérez.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de la indagatoria en que se solicitó orden de aprehensión en contra de la ex secretaria de Estado, se retiró el beneficio de testigos colaboradores a José Antolín Orozco y María del Carmen Gutiérrez Medina, a quienes se había otorgado el beneficio y se consideraban testigos fundamentales en la imputación contra Robles Berlanga.

En este caso, otros involucrados en contra de quienes ya se ha librado órdenes de captura se encuentran Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador federal de delegaciones, y María de la Luz Vargas, directora de integración de padrones.