Cuatro años tomó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales acumular las pruebas que llevaron a un juez con sede en Almoloya de Juárez a librar la orden de aprehensión en contra de varios integrantes de la familia Jenkins, quienes realizaron operaciones de procedencia ilícita por más de 14 mil millones de pesos, que involucran dinero en efectivo, obras de arte, 20 inmuebles que se localizan en diversos estados del país –entre ellos las instalaciones de la sede de la Universidad de las Américas de Puebla– y otros bienes que habían sido donados a la Fundación Mary Street Jenkins, informó el abogado Guillermo Barradas, representante de instituciones de asistencia privada.

En entrevista con La Jornada, el litigante informó que este caso fue judicializado con base en la integración de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFFPUE/0002073/2016. “La ahora Fiscalía General de la República (FGR) tardó cuatro años porque los inculpados traían amarres y protección de funcionarios del anterior sexenio, lo cual les permitió que no pasara nada en el ámbito federal; sin embargo, los cambios en el ámbito estatal y federal permitieron que se persiguiera este desfalco de recursos, que por voz de su testador William Oscar Jenkins tenían que ser donados para la salud, el deporte y la recreación de ciudadanos de Puebla y otras entidades.

No tenían que ser destinados de ninguna manera para el beneficio de los integrantes de la familia Jenkins porque así expresamente lo dispuso el fundador de la Fundación Mary Street Jenkins.

De acuerdo con información del caso, los inculpados de cometer delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita son los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, quienes según las investigaciones podrían encontrarse ocultos en Estados Unidos.

El abogado Barradas funge como uno de los representantes de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada de Puebla, y en su caso participa en este asunto ante las autoridades como parte de las víctimas del desvío de la herencia de William Oscar Jenkins.

El litigante señaló que la FGR mantiene ya asegurados los bienes inmuebles para que no puedan ser afectados o vendidos por los acusados, y de la misma manera se está realizando un rastreo de dinero tanto en Estados Unidos como en Panamá y otros paraísos fiscales en los que se detectó que se hicieron transferencias que abarcan la totalidad de los recursos financieros que se habían dejado para la Fundación Mary Street Jenkins.

Explicó que entre los bienes destacan objetos de arte valuados en 25 millones de dólares y uno de los inmuebles que se localiza en Paseo de la Reforma muy cerca de Insurgentes, el cual –igual que los otros 19– ya se encuentra asegurado por el Ministerio Público Federal.