Chihuahua, Chih., Legisladores locales y federales de Morena exigieron a la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, que deje de jugar con la dignidad de los ciudadanos y enfrente a la justicia por sus acciones como servidora pública, luego de que por tercera ocasión su defensa logró que se postergara la audiencia inicial de un proceso penal en su contra por presuntos delitos de corrupción y cohecho.

El fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, indicó que el Ministerio Público ha cumplido con la entrega de los documentos solicitados por la defensa de la también presidenta municipal con licencia de Chihuahua capital y advirtió que promover más amparos argumentando lo contrario podría constituir una transgresión a la ley.

En conferencias de prensa simultáneas en Ciudad Juárez y la capital del estado, los legisladores locales Benjamín Carrera Chávez y Román Alcántar Alvídrez, además de los coordinadores de los diputados federales y locales de Morena, Ulises García y Miguel Ángel Colunga, y el abogado Óscar Castrejón, expusieron las irregularidades que observan en la dilación del procedimiento, cuyo avance ha sido diferido por tercera ocasión.

Por los delitos que se le atribuyen, agregan los legisladores, los chihuahuenses esperan que sus acciones sean congruentes con su discurso y muestre el mínimo acto de responsabilidad al dar la cara cuantas veces sea necesario, así como acudir ante las autoridades cada vez que es llamada, sin miedo a los resultados y sin tácticas dilatorias.

Los diputados de Morena exigieron que se acaben los privilegios y que Campos Galván sea tratada como cualquier otro ciudadano que es llamado a enfrentar la ley.

Acusaron al juez de control Eduardo Ornelas Pérez, del Poder Judicial de Chihuahua, de favorecer a la candidata panista, pues ha diferido en tres ocasiones, el 26 de enero, el 2 de febrero y el 24 de marzo, la audiencia de imputación por el delito de cohecho, y el 16 de febrero fue aplazada otra audiencia para imputar cargos a María Eugenia Campos por presuntamente recibir sobornos de contratistas.

Peniche Espejel dijo ayer: “El Ministerio Público expresó que Francisco Molina, defensor de Campos Galván, dio información falaz a la juez de distrito para obtener un amparo y aplazar la audiencia, y pidió copias certificadas de la investigación de la fiscalía. Es meramente una excusa para no enfrentar el inicio del proceso penal.

El juez tuvo la posibilidad de reunirse con el Ministerio Público y con la defensa para asegurarse de que, en ese momento, la defensa tuviera las copias necesarias para actuar y fijar una fecha para realizar la diligencia, preferiblemente ese mismo día, sobre todo si la documentación no tiene relación con el juicio.