La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, destacó que la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) por la Cámara de Diputados es buena noticia para el pueblo de México.

En su cuenta de Twitter subrayó que el interés público y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional está por encima de cualquier interés privado y negocio particular.

Mientras tanto, expertos en materia energética consideraron que la aprobación de las modificaciones a la LIE, el martes por la noche, tendrá costos y repercusiones jurídicas ante demandas que eventualmente pudieran promover empresas que se sientan afectadas por los cambios.

Fluvio Ruiz Alarcón, experto en temas energéticos, consideró que para evitar cualquier controversia legal, tras la reciente aprobación de la LIE, los objetivos de la reforma debieron venir acompañados de un cambio constitucional que devuelva a la generación de electricidad su carácter estratégico para la nación.

Los cambios a la LIE establecen la preferencia para que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean las primeras en generar energía por delante de las energías renovables o intermitentes con el fin de darle confiabilidad al sistema.

Adicionalmente, con esta reforma los permisos de autoabastecimiento que continúan vigentes y que permiten a las mineras, cementeras, acereras y otras grandes empresas generar energía para usos propios –figura de la que se abusó para dar origen a un mercado eléctrico paralelo– podrán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros cambios.

Ruiz Alarcón afirmó que con una reforma constitucional se le daría la cobertura a los cambios que muy probablemente serán cuestionados por algunos actores del sector eléctrico.

A esta iniciativa sí le haría falta esa reforma constitucional para lograr cabalmente su objetivo.

Por separado, Ernesto O’Farril Santoscoy, presidente de la casa de bolsa Bursamétrica, estimó que se presentará una lluvia de amparos y reclamaciones de indemnizaciones por al menos 20 mil millones de dólares.

O’Farril, quien también preside la comisión de análisis económico del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, prevé que se presenten varias demandas en los paneles de controversias y habrá severas sanciones para nuestro país dentro del ámbito del T-MEC. Señaló que el costo de la energía será mayor y contaminará más, en detrimento del país y de los compromisos ambientales internacionales.

Por su parte, Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base calificó la aprobación en lo general de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados como una mala noticia para la inflación, la inversión fija, el crecimiento económico y la confianza en México.