El tope en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos a las pensiones del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), dictaminada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, es una clara y desafortunada afectación a la seguridad social de los mexicanos.

Para Gustavo Leal Fernández, experto en pensiones de la Universidad Autónoma Metropolitana, la determinación es una clara, completa e irreversible afectación de la Corte, por lo que frente a ella no queda más que el presidente Andrés Manuel López Obrador salga al rescate de los trabajadores con una iniciativa de reforma constitucional.

Con la decisión de la Corte, el máximo de pensión jubilatoria que pueden alcanzar los empleados del gobierno es de 10 UMA, que tomando en cuenta su actual valor de 82.69 pesos, son aproximadamente 27 mil pesos mensuales.

Esto ha causado inconformidad en los trabajadores, pues de haber autorizado el pago con base en el salario mínimo, el tope ascendería a 42 mil 500 pesos mensuales, una diferencia de 15 mil pesos o 37 por ciento, debido a que el salario mínimo está en 141 pesos.

Sebastián Patiño, especialista en derecho de la seguridad social y socio de CASS Abogados, señaló que la sentencia de la Corte es desafortunada, dado que va en el sentido contrario del derecho laboral mexicano, el cual históricamente ha tratado de proteger a los trabajadores.

Es una sentencia que afecta a los trabajadores y beneficia a quien paga las pensiones, eso hay que decirlo abiertamente. Aquí alguien pierde y alguien gana, apuntó.

El especialista explicó que la jurisprudencia aplicará a los trabajadores sujetos al artículo décimo transitorio de la Ley del Issste, es decir, a quienes tras la reforma a dicha legislación, de 2007, decidieron permanecer en el esquema de pensión vitalicia que paga el gobierno, rechazando el esquema de Afore o bono de pensión.

A finales de 2019, el presidente López Obrador encargó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un análisis sobre la posibilidad de pagar las pensiones en salarios mínimos y no en UMA, lo que hasta la fecha no se ha dado, por lo que Leal Fernández pidió sea dado a conocer para conocer la postura del gobierno.

Asimismo, sostuvo el especialista, siguiendo su modelo social, el mandatario debería elaborar una reforma que establezca que todas las prestaciones sociales se paguen con base en el salario mínimo y no en UMA.

Patiño coincidió en la posibilidad de una reforma por parte del gobierno para revertir la decisión, además de advertir que se trata de una determinación que puede sentar un precedente y extenderse a las pensiones de quienes cotizaron ante el IMSS, que actualmente tienen la misma inconformidad.