La Secretaría de Cultura federal (SC) trabajará los siguientes 30 días en conciliar las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indicadas en el informe sobre la cuenta pública 2019 que esta última dependencia presentó el sábado a la Cámara de Diputados.

Así lo informó el titular de la unidad administrativa de la SC, Omar Monroy, quien sostuvo en rueda de prensa ayer que cuentan con toda la documentación que justifica los gastos y las adjudicaciones, pero que muchos de esos comprobantes no fueron tomados en cuenta durante la revisión que hizo la ASF, la cual, en su momento, no los solicitó.

Las presuntas irregularidades detectadas por los auditores en la dependencia a cargo de Alejandra Frausto presumen un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de más de mil 700 millones de pesos.

Adjudicaciones sin licitación ni justificación para hacerlas de manera directa, deudas pagadas y creación de plazas sin contar con la autorización correspondiente, así como falta de evidencias que acrediten que se prestaron servicios por los que se pagó, son algunos de los puntos incluidos en las 22 observaciones que se hicieron a la SC, luego de la revisión de 24 rubros.

El vocero de la dependencia, Antonio Martínez, dijo a la prensa que la secretaria Frausto instruyó a todos los titulares de área hacerse responsables directos y no delegar a sus enlaces administrativos de todos los requerimientos y revisiones.

Desde luego, se les reiteró que en la Secretaría de Cultura hay cero tolerancia a la corrupción o a algún manejo no adecuado a los recursos públicos, recalcó Martínez.

Descartan descuido

Monroy añadió que en la dependencia tomamos de manera positiva las observaciones de la ASF. Se auditó también a los proveedores. Lo que pasó es que no nos pidieron la totalidad de instrumentos administrativos, por ejemplo, los anexos técnicos, y sólo se entregó lo que solicitaron. Los próximos 30 días se irán revisando algunos de los documentos que no consideraron.

El administrador de la SC consideró que no se trata de un descuido de ninguna de las dos dependencias, sino que “la masividad pudo haber generado algunos problemas, pero se cuenta con toda la información. La ASF solicitó sólo una muestra y fue hasta que empezaron a hacer el análisis cuando nos requirieron más datos; algunos no los tomaron en cuenta en una segunda instancia; es lo que vamos a comenzar a revisar con ellos.

Lo más importante ahora es aclarar y transparentar el ejercicio de los recursos; en su caso, se buscará incluso poder completar dicha información con mayor número de evidencias, a fin de acreditar que todos los servicios fueron proporcionados conforme lo establecido en los contratos.

Una de las 22 observaciones de la auditoría se refiere a la contratación de la arrendadora de vehículos Casanova Vallejo, empresa que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue cuestionada por monopolizar jugosos contratos de diversas entidades federales.

En esta ocasión, la ASF detectó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública por un monto de 16 millones 676 mil pesos, por haberse pagado con recursos públicos federales aprobados para el ejercicio fiscal 2019, seis cuentas por liquidar certificadas (CLC) en favor de la persona moral Casanova Vallejo, SA de CV, por el servicio de arrendamiento vehicular (sin opción a compra) sin contar con evidencia que acredite que se prestó el servicio.

El informe completo de la ASF sobre la gestión financiera de la SC federal se puede consultar en http://informe.asf.gob.mx/Documentos/ Auditorias/2019_0266_a.pdf