Cuando hablamos del campo, ¿con qué alcances vemos a los sujetos que forman este diverso mundo y en especial a sus mujeres trabajadoras? Posiblemente, sin generalizar, dentro del colectivo imaginario en más de una ocasión erróneamente visualizamos que en México el mundo rural comienza en el centro y termina al sur del país; sin embargo, en el norte se encuentran las grandes extensiones de campos agrícolas industriales, donde miles de campesinos y campesinas migrantes se transforman en trabajadores asalariados.
Mujeres y hombres del sur del país migran para trabajar en la siembra de hortalizas o en la cosecha. Este fenómeno se dio a partir, según Sara Gordon, de “la política económica de los últimos 40 años, que ha concentrado la inversión de los grandes desarrollos y ha dejado al margen a las economías de subsistencia, que ha provocado graves exclusiones que generan polos de expulsión de población migrante, sobre todo en las regiones indígenas y campesinas del sur de México”.
Explicar el fenómeno de la migración en el siglo XXI, en el caso de las trabajadoras jornaleras del Valle de San Quintín, se remonta a los setenta del siglo XX. Según Gordon, se registran dos tipos de ciclos migratorios: el primero es tipo circular o golondrina, que consiste en pasar por dos o más lugares de trabajo durante la migración (como Oaxaca, Sinaloa y Baja California), lo que extendió la migración a periodos más largos. Esto coincide con lo ocurrido en el Valle de San Quintín, ya que tradicionalmente el lugar de origen de los migrantes era la comunidad campesina ubicada en alguna región expulsora.
Paulatinamente, ese punto de arranque empezó a ser un campamento o una cuartería situados en las zonas de atracción, debido a que cierta proporción de la población dejó de vivir en sus pueblos de origen para instalarse de manera definitiva en los lugares de trabajo. “El segundo tipo de migración que se registra en la literatura es del tipo pendular (que consiste en migrar temporalmente hacia un solo lugar de trabajo, como Oaxaca, Sinaloa y el Valle de San Quintín)”, apunta Hubert Grammont.
Durante el trayecto que realizan las mujeres campesinas o indígenas rumbo a los campos de agricultura, ellas pueden tomar alternativas, desde irse en camiones para reencontrase con su pareja afectiva o con los “enganchadores”, con la esperanza de que tengan ya un “empleo” como jornalera en algún campo; pero en ocasiones no es así, pues desafortunadamente con frecuencia son víctimas de violaciones sexuales, estafas económicas o son secuestradas para la explotación sexual por parte de cárteles del narcotráfico o redes de prostitución.
Cuando logran escapar del agresor, muchas por lo general no avisan a las autoridades de lo sucedido, por miedo a ser víctimas de más violaciones a ellas o de represalias a familiares, y siguen su viaje. Según un análisis realizado por México Evalúa, 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no fue denunciado en 2019, y de acuerdo con una investigación del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el primer semestre de 2019 el número de casos indagados por abuso sexual alcanzó 11,691.
México padece una gran deficiencia en el sistema jurídico a nivel nacional en el tema de violación sexual. Numerosas mujeres que sufren esos actos, y sin saberlo quedan embarazadas como resultado de ello, al llegar a los campos agrícolas del Valle de San Quintín enfrentan con desesperanza otra violación: la de sus derechos laborales. En general no les queda otra opción que ser madres, pues no reciben apoyo ni orientación para explicarles que es posible abortar cuando el embarazo es fruto de una violación. La cultura machista en México y los prejuicios las hacen callar, para no ser juzgadas por las comunidades a donde llegan.
Después de ese proceso traumático, se topan con la precarización y explotación laboral en los Valles de San Quintín. Como la mayoría de las mujeres jornaleras no cuentan con seguridad social, pierden la oportunidad de atenderse en hospitales públicos; en su condición económica es imposible pensar en un hospital privado. Así, la mujer trabajadora es obligada a afrontar una maternidad contra su voluntad, ante el prejuicio social y el olvido del Estado.
Algunas de ellas ya realizan embarazadas la migración, y en el camino pueden sufrir maltratos que no son visibilizados por las instituciones del gobierno.
Hay casos en los que no pasan todo ese calvario y llegan sin ser violentadas a San Quintín; no obstante, al reencontrarse con sus parejas, a las pocas semanas pueden quedar embarazadas y dadas las condiciones de vida y trabajo en ese lugar la maternidad es difícil, frustrante e incierta.
La concepción occidental sobre la maternidad llega a ser tan conservadora y tan romantizada en México que se olvida a las mujeres trabajadoras, en especial las del campo, uno de los grupos más vulnerables; el desgaste físico es tanto que su cuerpo se deteriora, pero la falta de respeto a sus derechos laborales las priva de recibir servicios médicos, y carecen de descansos antes y después del parto.
En “Madres jornaleras en el Valle de San Quintín”, Gisela Espinosa, Esther Ramírez y Amalia Tello (La Jornada del Campo, 15 de julio, 2017) concluyen: “Ser madre jornalera significa enfrentar grandes desigualdades en el mundo laboral y familiar. Para que la experiencia de la maternidad se convierta en un evento satisfactorio, saludable y feliz, es necesario que la crianza y las tareas de cuidado no se sigan considerando ‘cosas de mujeres’, que los jornaleros también se responsabilicen de estas tareas, así como las mujeres comparten el trabajo asalariado; pero también, y quizá esto sea lo más difícil de lograr, se necesita conocer y hacer efectivos los derechos reproductivos, laborales y de seguridad social para que las instituciones públicas y los patrones cumplan sus obligaciones con las trabajadoras de esta región tan rentable en la agroexportación”.
Esta discusión sigue hoy vigente, pues es innegable que ellas aún carecen de los derechos laborales, en plena pandemia del coronavirus. Estas mujeres deben trabajar para sobrevivir, pero por su vulnerabilidad suelen ser despedidas o más explotadas para mantener su trabajo.
A ese padecer se suma la violencia económica y los bajos salarios que persisten en 2021, pese a la nueva reforma salarial puesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, la cual estipuló que el salario mínimo se duplicaría en las zonas fronterizas: “el salario era de $102,68 pesos mexicanos y el incremento debería ser de $176,72 pesos mexicanos y para 2021 el incremento sería del 15% dando un total de $213,39 pesos mexicanos”.
Eso para muchas trabajadoras fue letra muerta, ya que los grandes capitales buscan cómo abaratar la mano de obra de los trabajadores agrícolas, en especial de las mujeres; esto demuestra que el sistema capitalista tiene características machistas que no se logran erradicar del todo, pues se halló el modo de pagar a las y los jornaleros por honorarios, lo cual se tradujo en un menor salario del que corresponde, señala en su tesis Miriam López.
En teoría, el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo tutela la igualdad de trabajadores y trabajadoras frente al patrón, eliminando toda discriminación que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades de las mujeres en el ámbito laboral. En el Valle de San Quintín esa ley brilla por su ausencia.
También “prohíbe utilizar el trabajo de mujeres embarazadas” en labores que pongan en peligro su salud o la del producto, en labores insalubres o peligrosas, en trabajos que exijan esfuerzos extraordinarios como levantar, empujar, tirar grandes pesos, estar de pie durante largo tiempo (artículos 166, 167 y 170). Eso para las mujeres jornaleras es imposible.
La pandemia empeoró la situación, disminuyendo la ilusión de mejorar las condiciones laborales y de vida, ya que México debe cumplir con las exigencias a la agroexportación que marca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En conclusión, es necesario dejar de romantizar la maternidad y dar a conocer más las condiciones de las mujeres embarazadas y de las madres, en particular de las trabajadoras agrícolas del Valle de San Quintín. La palabra “maternidad” se asocia con una etapa de placeres, sin ver que trae aparejada una desigualdad y violencia constantes. La sociedad debe reflexionar sobre ello para lograr cambios de largo plazo, a fin de que este tipo de violencia no se considere de menor importancia, se documente con mayor precisión y se debata sobre las alternativas educativas para combatirla en todos los espacios, principalmente a través de políticas públicas. •