Al considerar que la desaparición forzada en México es uno de los fenómenos sociales con mayor impacto y una de las violaciones más crueles a los derechos humanos, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que los jueces ordenen la intervención de comunicaciones privadas en casos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares.

La desaparición forzada de personas tiene su más deleznable simbolismo en la cometida contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, se expresa en el dictamen aprobado por unanimidad en el pleno y enviado al Senado.

En tribuna, para explicar su propuesta, la diputada Graciela Zavaleta (Morena) señaló que con el cambio no habrá pretextos para que jueces federales obsequien los elementos de investigación necesarios para resolver todos los casos de desaparecidos, esos que duelen y lastiman nuestra conciencia nacional y acabar con la impunidad.

Aclaró que la modificación no busca legitimar “o pasar a lo oscurito el espionaje ilícito o permitir la violación de las comunicaciones privadas”, y en cambio adopta medidas y recomendaciones al Estado mexicano que logre un contexto jurídico robusto para prevenir la desaparición forzada.

Asimismo, la Cámara aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con la finalidad de agravar las penas cuando la víctima tenga alguna discapacidad.

La diputada Claudia Báez (PES) expuso que el secuestro no sólo implica la privación de la libertad, sino también una vulneración patrimonial, física y mental de las víctimas, que incluye ahora a personas con alguna discapacidad física. Aumentar la pena, dijo, es justificable porque se trata de un sector más vulnerable y requiere un contexto legal de protección diferenciado al resto de la población.