La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo que promovió Antonio Enrique Tarín García, ex colaborador de César Duarte Jáquez en el gobierno de Chihuahua. El ex funcionario impugna el informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso estatal que reveló la desviación de recursos públicos y sirvió para fincarle cargos por peculado.

Aunque el juez decimoprimero de distrito del decimoséptimo circuito amparó parcialmente al ex funcionario y ordenó al Legislativo que fundara y motivara debidamente su actuación, aclaró que esto no se traduce en que se prejuzgue sobre la comisión de la conducta atribuida a la parte quejosa.

El informe del Legislativo estatal ordenó a la Auditoría Superior de Chihuahua se iniciarán los procedimientos civiles, penales o administrativos contra los funcionarios responsables por las irregularidades detectadas.

Tarín argumenta que ya prescribió el plazo para iniciar cualquier procedimiento en su contra, término que según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de esa entidad va de sólo seis meses a tres años.

Tarín García fungió como presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en el último tramo del gobierno de Duarte y es acusado de desviar 250 millones de pesos pertenecientes al erario para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional.

Aunque intentó tomar posesión como diputado federal suplente, cargo que le hubiera otorgado fuero constitucional, no lo consiguió, por lo que fue detenido el 7 de mayo de 2017 para ser trasladado a Chihuahua, donde fue sentenciado a seis años de prisión.