El Senado aprobó ayer reforzar las medidas precautorias para proteger a mujeres y niñas violentadas tanto física como emocionalmente.

Se señalan órdenes de protección hasta por 90 días, que deberán expedirse de inmediato o a más tardar dentro de las cuatro horas siguientes a la denuncia, y se obliga a la autoridad a proporcionar refugio y manutención a la afectada y sus hijos.

En sesión a distancia, la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (que regresó al Senado con modificaciones realizadas en Cámara de Diputados) fue aprobada por unanimidad y remitida al Ejecutivo federal para su promulgación. Malú Micher Camarena, senadora de Morena, resaltó que es un hecho histórico, porque responde de manera clara y contundente a la exigencia de protección del Estado que hoy reclaman miles de víctimas de violencia.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género resaltó que si esas medidas se hubieran aprobado antes, Abril Pérez y Ema Gabriela Molina Castro no habrían muerto a manos de sus parejas. En esos dos feminicidios, agregó, las autoridades fallaron en su deber de proteger sus vidas.

Afortunadamente, agregó, esa reforma (surgida de una iniciativa de su autoría y de otra de la priísta Claudia Anaya) define que las órdenes de protección son acciones precautorias y cautelares de urgente aplicación, que deberán otorgarse de oficio o a petición de parte.

En la actual ley esas órdenes son sólo de tres días y con la modificación pasan a 60, con posibilidad de prórroga a 90. Es posible extender la protección hasta que termine el proceso judicial, a juicio del agente del Ministerio Público, resaltó la senadora Micher Camarena. Agregó que se atiende la figura de las denuncias anónimas para resguardar sus datos personales.

Una mujer o niña que sufre violencia puede solicitar la orden de protección en cualquier entidad en que se encuentre, no necesariamente donde fue víctima del delito. Es, insistió, un cambio central, a 14 años de la expedición de la esta ley, que siempre debe ser actualizada.

Las órdenes de protección incluyen custodiar a la persona a su domicilio, proporcionar refugios temporales seguros y dignos, tanto para las mujeres y niñas violentadas como a sus familiares o dependientes. Incluso se deberán entregar apoyos económicos para transporte, alimentos, comunicación, mudanza y trámites oficiales, entre otras medidas.

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, pidió que el Poder Judicial capacite a todas las instituciones que se ocupan de la procuración de justicia para ese sector de la población, y el perredista Miguel Ángel Mancera resaltó que esta modificación es un avance importante.