La pandemia de Covid-19 sirvió como excusa al gobierno de Estados Unidos para generar condiciones de devolución indignas a los mexicanos en condición irregular, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el Diagnóstico 2020 sobre los Derechos Humanos de las y los mexicanos en retorno desde Estados Unidos durante su detención, traslado, repatriación y reinserción social en México, que el organismo presentó ayer, remarcó la urgente necesidad de la labor diplomática para que los acuerdos bilaterales protejan y garanticen sus derechos durante el proceso de repatriación.

Ni siquiera la pandemia generó una tregua en los discursos de odio (de las autoridades de ese país) contra la población migrante, enfatizó Elizabeth Lara, directora general de la Quinta Visitaduría de la CNDH, al presentar vía virtual el documento.

La emergencia sanitaria se convirtió en un eslabón más para que el gobierno de Estados Unidos continuara con las devoluciones tipo exprés de personas mexicanas a nuestro país, argumentando razones de salud pública.

El reporte asentó que durante 2020, a pesar de la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 y del incremento del número de contagios en ambos lados de la frontera, el intento por migrar hacia el país del norte no cesó. Sin embargo, los procesos de detención y repatriación implementados por las autoridades estadunidenses no han seguido las recomendaciones internacionales en materia de protección a la salud.

En la investigación se apuntó que más de 7 millones de mexicanos viven en Estados Unidos sin documentos, y esa condición irregular los expone a una serie de circunstancias que limitan su acceso a derechos y les hace vivir en constante miedo de ser deportados sin más razón que su nacionalidad.

Propuestas para garantizar derechos de connacionales

El diagnóstico hace 59 propuestas al gobierno mexicano para contribuir a que se garanticen los derechos de los connacionales deportados desde Estados Unidos, entre ellas la necesidad de revisar el Memorándum de Entendimiento sobre ese proceso –suscrito en 2005 por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos– a fin de incorporar el reconocimiento de todas las garantías fundamentales de los mexicanos durante el proceso de repatriación.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, destacó la necesidad de reforzar los acuerdos de repatriación para que sean más protectores y garantistas, y redoblar esfuerzos a fin de brindar el máximo apoyo y acompañamiento tanto a los millones de mexicanos que residen en Estados Unidos de manera irregular como a los que siguen intentando cruzar la frontera.