Florián Tudor, presunto cabecilla de la banda que sustrajo más de mil 200 millones de dólares de cajeros automáticos en Cancún, Quintana Roo, y Puerto Vallarta, Jalisco, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitiera a trámite la solicitud para revisar el amparo que promovió en contra del aseguramiento de sus propiedades.

En el expediente judicial consta que Tudor fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo de 2019, pero fue puesto en libertad horas después por errores procesales, a la fecha continúa prófugo. El litigio comenzó el 11 de mayo de 2019 cuando la FGR cateó dos inmuebles en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que terminaron siendo confiscados y en ese operativo fue aprehendido Tudor, de nacionalidad turca.

Sin embargo, una jueza de control dispuso su libertad debido a errores procesales, según consta en el expediente: la orden de cateo fue ejecutada de forma incorrecta, pues no se cumplieron las formalidades legales que exige la Constitución federal y el Código de procedimientos penales.

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que había congelado 79 cuentas bancarias que estarían relacionadas con esta banda, una de las cuales resultó ser del secretario estatal del PVEM, José de la Peña Ruiz Chávez, que fue destituido de su cargo.

La banda operaba en Quintana Roo desde hace una década, creando nexos con funcionarios de los gobiernos encabezados por Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

El amparo que llegó a la SCJN fue promovido por Tudor, en conjunto con Adrián Ninel Enachescu, y las empresas Top Life Servicios, Intacarrent y Europa Invest. En primera instancia, el juzgado cuarto de distrito, con sede en Cancún, le otorgó la suspensión definitiva, pero luego una mujer reclamó tener la propiedad legal de los inmuebles cateados, por lo cual el amparo fue sobreseído, Tudor entonces pidió que esta decisión fuera revisada.

Si la SCJN aprueba la atracción del caso, y eventualmente falla a favor de Tudor, todas las pruebas que se obtuvieron en los cateos impugnados tendrían que ser desestimadas por la FGR.