El retraso de ocho años en la expedición de la Ley General de Aguas, con el fin de reglamentar el derecho humano al líquido, ocasiona que al menos 9.1 millones de personas aún carezcan de él en sus viviendas, siga la contaminación y se mantenga el acaparamiento por un grupo de empresarios. Mientras no se emita esa legislación salen ganando los industriales, ya que continúa el esquema vigente de concesiones, señalan expertos.

Por el Congreso han pasado varias iniciativas, como la llamada ley Korenfeld, que en 2015 estuvo a punto de ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados, pero la movilización ciudadana hizo que el dictamen se bajara. En 2017 hubo otro intento con el proyecto conocido como ley Pichardo, que no llegó a dictaminarse y tampoco transformaba el régimen concesional, recuerda Miguel Ángel Montoya, consultor en la materia. Agrega que en diciembre pasado se presentó la ley Mataflores, que no consideró ningún planteamiento de las cinco iniciativas que se presentaron en el Congreso y el dictamen no avanzó.

Menciona que el planteamiento es definir una gestión que garantice el acceso equitativo y sustentable del agua y lo que hasta ahora se ha hecho es ver el derecho humano como el dotar de 50 o 100 litros al día sin mecanismos para hacerlo. Indica que se tiene que sacar un dictamen alterno que considere el tema de fondo de cambiar el régimen de concesiones.

Las consecuencias de la ausencia de esa ley son la continuidad del modelo de gestión que ha concentrado el agua en unas cuantas manos, que se contaminen los cuerpos de agua del país y que las comunidades no puedan acceder al agua, que se les expolie su recurso, agrega.

La Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, estableció un sistema único de concesiones sobre aguas nacionales, sujetos a dinámicas de compraventa, como primer paso hacia la mercantilización del líquido, indica Pedro Moctezuma en un estudio publicado en Argumentos, estudios críticos de la sociedad.

Señala que de 2 mil concesiones que se habían entregado hasta 1992, Conagua ha otorgado desde entonces 514 mil 684, sobreconcesionando 108 cuencas y 115 acuíferos, dando prioridad a los grandes intereses a costa delos bienes comunes, la integridad de los ecosistemas y el tejido social mismo.