Xalapa, Ver., Después de 100 días sin conocer su paradero, los restos de Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, fueron localizados en una fosa clandestina.

Personas cercanas a la familia confirmaron que la ubicación del cuerpo de Vázquez Martínez fue posible por la detención de tres personas relacionadas con el secuestro del activista, cuyos testimonios llevaron a personal de la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS) a una casa de seguridad, en la localidad La Otra Banda, de Tlapacoyan, donde fueron localizados los restos.

Luego de practicar las diligencias periciales, este fin de semana se identificaron plenamente los restos de Vázquez Martínez, por lo que las autoridades entregaron el cuerpo a la familia, quien a través de redes sociales convocó a una velación en el rancho ecoturístico Oriente, en Plan de Arroyos, Tlapacoyan.

Vázquez Martínez era defensor del ambiente y empresario citrícola en la región central de Veracruz. Destacó por ser fundador y tesorero de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, que estaba en contra de la construcción de presas y represas que afectan el cauce de los ríos.

“No puede ser que sigan desapareciendo a nuestros compañeros, que los maten, los secuestren y tengamos que recoger sus cuerpos.

Es lamentable y muy doloroso para nosotros, que acompañamos estas luchas, ir a recoger a nuestros compañeros, dijo Óscar Espino, activista de los derechos humanos, cercano a la familia de Miguel Vázquez.

El 20 de octubre de 2020, Vázquez Martínez fue sacado de su domicilio por personas que fingieron ser compradores de naranja; le pidieron mostrar las plantaciones del cítrico, donde lo pusieron en cautiverio y trataron de negociar el pago de un rescate, que nunca se concretó porque al principio exigieron cifras millonarias y luego desaparecieron.

Integrantes de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, y otros ocho colectivos del estado firmaron un desplegado en noviembre del 2020, donde acusaron a la Fiscalía General del Estado de proceder en forma deficiente y errática ante la privación de la libertad del fundador y tesorero del organismo.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo condenó el asesinato de Vázquez Martínez y exigió castigo para los autores materiales e intelectuales de este deleznable acto.