Más de 80 por ciento de la publicidad exterior que hay en la Ciudad de México es ilegal o irregular, lo que implica que el gobierno capitalino deja de recibir más 100 millones de pesos al año por concepto del pago de derechos, además de la contaminación visual que genera, denunció la asociación civil Fundación por el Rescate del Paisaje Urbano.

El presidente de la organización, Jorge Negrete Vázquez, dijo que pese a la pandemia por el Covid-19 se incrementó 300 por ciento el número de anuncios en muros y hasta 70 por ciento en mobiliario urbano, e incluso ha vuelto los formatos de anuncios envolventes de edificios, que están prohibidos por la ley. Sólo en el caso de los espectaculares tradicionales no se ha visto un aumento, al contrario, hay muchos que están vacíos.

Ante esta situación, señaló, la fundación presentará alrededor de 600 quejas y denuncias ante instancias como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto de Verificación Administrativa y las alcaldías.

En conferencia, Negrete Vázquez señaló que en la ciudad hay alrededor de 3 mil 200 vallas publicitarias y 800 mantas, de las cuales al menos ocho de cada 10 son ilegales, así como 50 por ciento de 8 mil espectaculares. Una situación similar ocurre con las demás modalidades de publicidad en el mobiliario.

Además, indicó, en el año más reciente hubo una explosión de publicidad exterior ilegal sin que las autoridades hayan intervenido, principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tlalpan.

Ejemplo de ello, dijo, es que en octubre pasado se tenía un registro de 100 anuncios publicitarios en muros, y a la fecha hay al menos 400 en edificios de vialidades como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Periférico, Tlalpan y Viaducto.

En los meses recientes se ha visto un auge de publicidad ilegal en toda la ciudad, principalmente en muros y en el mobiliario urbano, lo que significa una muestra innegable de actos de corrupción no sólo de las autoridades, sino de los dueños de los inmuebles, las empresas de publicidad y los anunciantes, aseguró Jorge Negrete.