ué mexicanos tienen capacidad económica para depositar 48 mil millones de pesos (alrededor de 2 mil millones de euros) en un paraíso fiscal para mantenerlos fuera del alcance de la autoridad recaudadora y ocultar su oscura procedencia? ¿Acaso serán obreros, campesinos, artesanos, informales, clasemedieros a punto de extinción? No. Son los barones de siempre; es decir, los que aparecen en todos y cada uno de los atracos cometidos en contra de la nación.

¿Novedad? Ninguna, porque esa es la depredadora práctica de lo que algún día, un dirigente político, con ojo clínico, denominó mafia del poder y minoría rapaz, pero que a estas alturas nadie ha desarticulado. Por el contrario, ese grupúsculo expoliador se mantiene en pleno ejercicio sin que nadie lo toque, mientras la nación sigue siendo saqueada.

Desde Madrid el corresponsal de La Jornada, Armando G. Tejeda, informa que “la justicia de Andorra decidió confiscar hasta 2 mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos… En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado –abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto– quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos”.

El informe de Tejeda subraya que “la identidad (de los mexicanos) aún se desconoce, pero se sabe que entre los implicados hay financieros y empresarios de sectores diversos, y, según un funcionario de la judicatura consultado por La Jornada, entre ellos hay un claro vínculo: el abogado Juan Collado, es decir, el defensor de confianza de Enrique Peña Nieto”.

¿Sólo Collado? No, porque éste sólo es la cabeza visible del enjuague, pues un informe confidencial de la policía de Andorra (publicado por el diario El País y citado por Tejeda) detalla que ese abogánster fungió de testaferro: una parte de los fondos ingresados podría tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder. Incluso se advierte que entre los clientes habituales del abogado de confianza del ex mandatario priísta figuran otros personajes con vínculos con el crimen organizado o la corrupción, como el líder sindical Carlos Romero Deschamps, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, o Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. No son los únicos, desde luego, pero todos los citados, salvo El Chueco, se mantiene libres, felices, impunes y saqueando.

El reporte del corresponsal jornalero detalla que a cada uno de los 23 empresarios y financieros mexicanos investigados se le habrían incautado entre 5 y 150 millones de euros, cantidad que iba en función de los fondos depositados en sus respectivas cuentas en el Banco Privado de Andorra, provenientes del blanqueo de dinero del crimen organizado y la corrupción política.

Con esa historia se inicia 2021, pero vendrán más, pues la de Andorra es la repetición de lo documentado a lo largo de los años. Da lo mismo que sea ese minúsculo país que Panamá, Islas Caimán, Gibraltar, Mónaco o cualquier otro paraíso fiscal: en todos aparecen y aparecerán los mismos mexicanos saqueadores, quienes, como siempre, gozarán de impunidad. ¿Qué sucederá con los 23 mexicanos que adoran Andorra? Lo mismo que en los casos de Panama Papers, Swiss Leake, Paradise Papers y demás hallazgos sobre lavado de dinero, evasión fiscal y lo que se acumule.

¿Dónde está la riqueza robada a la nación? Buena parte de ella en los paraísos fiscales, sin olvidar que más de 80 mil millones de dólares, propiedad de mexicanos, se mantienen resguardados en el sistema bancario estadunidense, lo que no quiere decir que existan depósitos en otros países. Entonces, lo anterior sólo confirma que sin un nuevo orden económico y financiero estos ladrones permanecerán intocados y en activo, siempre contra los intereses nacionales.

Las rebanadas del pastel

Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, debe pagar alrededor de 5 mil millones de pesos por omisiones del impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas del ejercicio fiscal 2011 y no podrá hacerlo en abonos chiquitos.

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