El diputado federal Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo (PT), ha vivido los últimos años en una residencia –conectada a un edificio de cuatro niveles– en el conjunto habitacional Los Cipreses, en Coyoacán, con un valor estimado de 12 y 20 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con vecinos de la zona.

Comentaron que en la casa ha realizado fiestas sin importar el semáforo rojo de la contingencia sanitaria, pues cuenta con el apoyo de elementos de seguridad privada (dentro del conjunto) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (en el exterior).

Las patrullas hacen rondines en las inmediaciones de los inmuebles o de plano ubican sus unidades en los accesos a la zona habitacional, cuya entrada principal se ubica sobre Canal de Miramontes, sin que alguna de las fiestas reportadas haya sido cancelada, porque las patrullas que llegan a verificar se abstienen de actuar.

La casa, ubicada en la calle Gustavo Salazar Bejarano 47, tiene una superficie de 274 metros cuadrados sobre la que se levantaron tres niveles, con un valor de 12 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de avalúos de sus propias propiedades, indicaron residentes.

Mientras el edificio, también de su propiedad, en la calle Daniel Hernández 48, con cuatro departamentos, uno por piso, “cuesta por lo menos 20 millones de pesos, ya que es una zona de alta plusvalía y cuenta con una caseta de vigilancia para ingresar, señalaron los entrevistados, quienes solicitaron no mencionar sus nombres.

Ambos inmuebles se encuentran en la alcaldía Coyoacán, de la que fue titular, y no forma parte de los tres bienes reportados en su declaración patrimonial, por lo que no saben si están registrados a su nombre o al de alguna otra persona.

Luego de conocerse que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga a Mauricio Toledo por el delito de enriquecimiento ilícito, un grupo de vecinos del conjunto habitacional revelaron que el legislador ocupa esta vivienda desde hace 15 años.

Señalaron que, cuando está presente, ha sido evidente la actividad de escoltas y elementos de seguridad pública, así como de fiestas que inician en la tarde y terminan la mañana siguiente, incluso en estos tiempos de pandemia.

El diputado federal, expusieron, ha incurrido en actos de corrupción, extorsión y desvío de recursos, y ahora está acusado de enriquecimiento ilícito, pero la fiscalía debe buscar si tiene prestanombres y actuar también contra ellos.

Confiaron en que la Cámara de Diputados apruebe su desafuero para que sea presentado ante la justicia y responda por sus actos, siente un precedente para cualquier servidor público que cometa irregularidades y no sea sólo una cuestión política para que Morena se quede con Coyoacán.