La Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio de su Comité para la Desaparición Forzada, demandó al gobierno federal y al Congreso mexicano que no se apruebe la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) mientras no se efectúe una amplia consulta con los afectados, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos.

El organismo de la ONU consideró que en los cafés temáticos que el Senado organizó para discutir esa ley no se permitió la participación activa de los allegados de personas desaparecidas y de las organizaciones que las acompañan, lo que es preocupante, porque el proyecto de reforma implicaría un claro retroceso, particularmente por lo que se refiere a la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de los hechos, así como para el cumplimiento por el Estado mexicano de sus obligaciones convencionales.

La ONU expresa preocupación e inquietud por el efecto negativo de varias disposiciones del proyecto, entre ellas la derogación del artículo 45, fracción III, según la cual la FGR ya no participaría en el Sistema Nacional de Búsqueda, y por la modificación del artículo 68, que señala que las comisiones serían las únicas encargadas de localizar a los desaparecidos, excluyendo a las fiscalías. El comité recuerda que tal división es contraria al articulado y al espíritu de la ley general en la materia y de ordenamientos internacionales. En virtud de estos principios, el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas debe interrelacionarse con la investigación penal, indicó.