Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó ayer de crímenes de guerra y lesa humanidad a ocho ex altos mandos de la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos al actual líder de Comunes, el partido surgido del ex grupo armado, Rodrigo Londoño, Timochenko.

Es la primera vez desde que se firmó el histórico acuerdo de paz, en noviembre de 2016, que la JEP atribuye responsabilidades criminales a antiguos líderes del extinto grupo, que dejaron las armas en 2016 para participar en política como sociedad civil.

El llamado Caso 01, abierto desde octubre de 2018, contempla 21 mil 396 secuestros y graves privaciones de la libertad cometidos por las FARC entre 1993, año en el que se comenzó a tener registro de la antigua organización, y 2012, aunque la mayoría de estos delitos, apunta la junta, se cometieron entre 1998 y 2002.

La JEP, a cuyo escrito tuvo acceso el diario El Espectador, reconoce que la investigación, debido a la magnitud de los hechos, podría estar viciada, ya que no fue posible determinar un número preciso de las víctimas, puesto que muchas no denunciaron por temor a represalias, o algunos de los casos pudieron ser cometidos por delincuentes u otros grupos armados que se hicieron pasar por las FARC.

La sala de reconocimiento de la JEP estableció la responsabilidad de los antiguos miembros del secretariado de las FARC por las órdenes de secuestrar que dieron, así como por su omisión de control de los malos tratos que padecieron las víctimas, indica el fallo del organismo emitido en un comunicado.

Además de Londoño, entre los acusados figuran los congresistas Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, y Jorge Torres, conocido como Pablo Catatumbo, además de los ex jefes Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, cuyo sobrenombre es Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda Escobar, conocido como Ricardo Téllez. Y se incluyó a Juan Ermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez, quien falleció el miércoles.

Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes, agregó Julieta Lemaitre, magistrada de la sala. Fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil, destacó.

El tribunal también imputó a los ex líderes otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

La cúpula de las extintas FARC tendrá 30 días para responder a la decisión y en caso de que haya reconocimiento de los hechos tendrán una pena alternativa, que será determinada en acuerdo con las víctimas, pero si la justicia encuentra que los ex rebeldes ocultan hechos podrán ser encarcelados hasta por 20 años.

Tras la acusación, Comunes, el partido en el que se transformaron las FARC, se declaró arrepentido y aseguró que evaluarán el documento de imputación de cargos para definir una posición al respecto. Sabemos que no hay razón ni justificación para arrebatar la libertad a ninguna persona.

El presidente Iván Duque, quien en 2018 lideró una frustrada iniciativa que pretendía modificar los acuerdos de 2016 con el fin de endurecer las sanciones a los ex guerrilleros, pidió a la JEP actuar con firmeza para juzgar los delitos y manifestó su discrepancia con que los acusados tengan representación política.

En otro orden, cerca de mil migrantes, en su mayoría haitianos y cubanos, quedaron varados en el noreste de Colombia en su camino a Estados Unidos debido al cierre de fronteras por la pandemia de Covid-19, reportaron autoridades locales.