Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos presentaron una denuncia para exigir la identificación de los 19 cuerpos calcinados que se encontraron el pasado fin de semana pasado en el municipio de Camargo, Tamaulipas, así como una investigación efectiva de la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar que los hechos queden en la impunidad.

En un pronunciamiento firmado por cientos de colectivos de México y el extranjero, así como activistas y expertos a título personal, se indica que lo ocurrido con las víctimas de esta agresión –quienes al parecer son ciudadanos guatemaltecos– implica violaciones graves de derechos humanos, no sólo por la no existencia de una estrategia de prevención de esos abusos, sino también por la falta de sanción a quienes en el pasado han cometido actos similares.

Las organizaciones –entre las que se encuentran la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Amnistía Internacional y Asylum Access, entre muchas otras– enfatizaron que esta nueva masacre lastima a las víctimas directas, tanto en México como en sus lugares de origen, y contribuye aun más al deterioro del tejido social de la región.

Por su parte, la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica exigió a los gobiernos de México y Guatemala actuar con celeridad para esclarecer los hechos, dar con los responsables y procesar a los victimarios, además de identificar adecuadamente a los asesinados, presumiblemente migrantes guatemaltecos.

De confirmarse esta hipótesis, pidió a las autoridades realizar las gestiones para garantizar la repatriación de los restos y el traslado a sus comunidades de origen, y adicionalmente brindar acompañamiento jurídico y sicológico a las familias guatemaltecas que tienen indicios que sus familiares podrían estar entre las víctimas de esta masacre.

Recordó que en el pasado, en esta misma región de Tamaulipas se han registrado actos similares aún sin esclarecer, algunos contra migrantes, como en San Fernando, en 2010; Cadereyta, 2012, y Ciudad Mier, en 2020, en las que han desaparecido expedientes y destruido evidencias.