Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó el informe anual de actividades del organismo, en el que destacan la emisión de 113 acciones de inconstitucionalidad y 103 recomendaciones a distintas autoridades.

Expuso que su trabajo recae en tres ejes: atención a mujeres víctimas de violencia, búsqueda de desaparecidos y el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En reunión telemática con los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideró preocupante el decreto presidencial para dar facultad a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. También aseguró que ya atendió a todas las personas que tomaron la sede de la CNDH en la calle Cuba, en el Centro Histórico de la capital.

La respuesta de los representantes de PAN y PRI redundó –desde su óptica– en la inexperiencia y escasa capacidad de la ombudsperson nacional para conducir ese órgano autónomo. También le reclamaron su sumisión frente al Ejecutivo federal.

Piedra dio lectura sin pausa a su presentación y después a la respuesta que tenía preparada para replicar a los reclamos de la panista Kenia López y del priísta Cruz Juvenal Roa. Dijo que ella y los funcionarios de la CNDH han roto inercias y prácticas arraigadas, han priorizando el funcionamiento de las áreas sustantivas y reducido 36 por ciento el gasto de operación. Hoy se emiten más acciones de inconstitucionalidad y más recomendaciones que en el pasado, privilegiando, sobre todo, el interés de las víctimas, dándoles el seguimiento puntual y riguroso que nos demandan, destacó.

De las mujeres que cerraron las instalaciones en la calle de Cuba, aseguró: “no queda ya en esas oficinas ninguna de las víctimas cuyas demandas motivaron la toma. A todas se les ha atendido y se les sigue acompañando.”

Enfatizó que da seguimiento puntual y riguroso a la participación de las fuerzas armadas permanente en funciones de seguridad pública, lista para actuar en caso de violaciones a los derechos humanos, por lo que recuerdo que el 21 de junio de 2020 emitimos un respetuoso exhorto a este honorable Congreso de la Unión para que a la brevedad defina en la legislación secundaria correspondiente los términos de extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria a que hace referencia el transitorio quinto del decreto, que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, y la manera en que deberá disponerse de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, a efecto de garantizar los derechos humanos. El exhorto fue inmediatamente aceptado y estamos en espera de que se cumpla.

A sus detractores los acusó de estar ausentes a lo largo de los últimos 40 años, etapa en la que sucedieron graves sucesos de violación a los derechos humanos, y callaron. Se me cuestiona que no he emitido acciones de inconstitucionalidad, y yo quiero decir que en el informe que acabo de leer señalé que se han emitido 113 acciones de inconstitucionalidad y 103 recomendaciones. Entonces, ahí están los datos y son comprobables, no son cifras.