Durante 2020, la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH), de Zacatecas recibió 596 quejas contra policías estatales y municipales; entre ellas destacan 20 por la muerte de 16 presos.

Mientras, la CEDH de Jalisco emitió su primera recomendación por negligencia y falta de coordinación entre instituciones para indagar la desaparición de 31 personas.

Las policías preventivas municipales, la estatal preventiva, agencias del Ministerio Público, la Policía de Investigación, así como ayuntamientos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Hospital General de Zacatecas se encuentran entre las instituciones denunciadas.

María de la Luz Domínguez Campos, presidenta del organismo, presentó un informe en el cual detalló que la CEDH emitió 605 resoluciones, 30 de ellas a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General de Justicia y las secretarías de Educación y de Salud, así como a los ayuntamientos de Zacatecas, Río Grande, Jalpa, Mezquital del Oro y Santa María de la Paz.

Agregó que el año pasado, en el contexto de la pandemia de Covid-19, se denunciaron acuerdos municipales y prácticas administrativas sin fundamento legal, como: toques de queda, arrestos administrativos, imposición de sanciones y multas, cierre de comercios, filtros policiacos y restricciones de movilidad para prevenir contagios.

En Jalisco, la CEDH señaló irregularidades en la Fiscalía para Desaparecidos y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por la desaparición de 31 personas en diferentes lugares y fechas.

En uno de los casos la víctima fue localizada muerta, pero su cuerpo permaneció en el Servicio Médico Forense sin ser identificado; además, lo inhumaron en 2018 después de que se denunció que había un gran número de cuerpos apilados en camiones refrigerados.

“Esta recomendación documenta la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o pocas acciones de búsqueda efectiva y localización de 31 personas desaparecidas, la victimización secundaria, intimidación y amenazas que han sufrido sus familiares, quienes interpusieron queja, se asienta.