Una decisión política deliberada y orquestada desde la administración pública permitió el desvío de 986 millones de pesos del erario hacia la agrupación política Enrédate por México y los bolsillos de servidores públicos, algunos de los cuales recibieron 3 millones en cajas de insumos de computadoras, denunciaron fuentes de la administración capitalina que además informaron que hay nueve servidores públicos y empresarios en la mira.

El conocimiento administrativo del entonces subsecretario de Administración y Desarrollo Humano, Miguel Ángel Vásquez Reyes, le permitió formar un subcomité de adquisiciones con el apoyo de personal de la Secretaría de Finanzas.

Con ello entregó de manera directa tres contratos a igual número de empresas para recuperar el impuesto sobre la renta (ISR) de la uninómina, formada por más de 200 mil trabajadores, y los empleados de nómina 8.

La retención del gravamen de 2015 a 2017 se convirtió en una gran veta, al no realizar ningún trabajo, y solamente agregar sus logotipos a los documentos emitidos por la misma dependencia para justificar su supuesta labor, indicaron.

Hasta el momento, precisaron, seis ex funcionarios, entre ellos Vásquez Reyes, han sido detenidos y nueve más, entre servidores públicos y empresarios, son nuestro objetivo por su presunta participación en delitos cometidos en agravio de la hacienda pública capitalina.

▲ Miguel Ángel Vásquez Reyes, subsecretario de Administración y Desarrollo Humano en la gestión pasada, creó un subcomité de adquisiciones que le permitió obtener de manera ilegal recursos por 986 millones de pesos.Foto Carlos Cisneros

Algunos empresarios desaparecieron sus compañías y otro, Martiniano Rodríguez, de JJ Accounting & Legal Matters, fue ejecutado el viernes pasado, lo cual, consideraron, no fue casual, pues estaba vinculado a una empresa fantasma que recuperó el ISR.

Con el apoyo de un notario, dicha empresa, que recibió un contrato de 406 millones de pesos, se creó ex profeso en junio de 2017, y otra en septiembre de ese año, aunque el 20 de marzo de 2019 fue liquidada tras recibir un contrato de 290 millones.

Una más recibió la misma cantidad, cuyo modus operandi era nombrar a los involucrados, socios, directores o apoderados legales, a fin de “encubrir estas irregularidades, y el gran orquestador de esto fue el hombre asesinado el viernes.

“No fue un acto de dos personas, había muchos más metidos, como los que ya están en prisión, y es imposible que sus superiores –como el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera– no estuvieran enterados”, afirmaron.

Mencionaron que tan sólo en la Secretaría de Finanzas se detectó la entrega directa de contratos superiores a 250 mil pesos sin licitación o invitación restringida, pero se investiga si hubo un daño mayor a la hacienda pública en otras áreas para que los involucrados paguen.