Sobornos para aprobar reforma energética
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Viernes 22 de enero de 2021, p. 12
La comparecencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) imputará a Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del Partido de Acción Nacional (PAN), se realizará el próximo martes mediante videoconferencia.
Sin embargo, ni el Ministerio Público Federal (MPF) ni el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han informado si deberá acudir al Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte o si lo hará desde alguna instalación de la fiscalía.
Durante la audiencia, en la que se decidirá si hay elementos para declararlo imputado, podría quedar sujeto a prisión preventiva, a petición del Ministerio Público, a menos que obtenga un amparo o el juzgador considere que no hay riesgo de fuga y puede enfrentar su proceso en libertad.
Lavalle Maury es el primer inculpado debido a las denuncias realizadas por el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, y forma parte del grupo de ex senadores que, según el ex funcionario, le exigían 50 millones de dólares a cambio de dar su voto en favor de la reforma energética.
En dichas declaraciones se mencionó a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda; a los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, así como a los ex legisladores Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, además de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN.
Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que incluso amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos
, advirtió en su momento Lozoya en la denuncia que realizó ante la FGR.
La semana pasada, la fiscalía presentó ante el juez de control del Reclusorio Norte la carpeta de investigación con las denuncias en contra del ex senador del PAN por dichos delitos. En esta primera audiencia, el juez federal deberá informar al panista los cargos que se le imputan y resolverá si lo vincula o no a proceso, aunque podría solicitar la duplicidad del término para resolver su situación jurídica y presentar pruebas para desvirtuar la acusación de la FGR en su contra.