Los gobiernos de las naciones donde hay migrantes deben garantizar la vacunación contra el Covid-19 para este sector, independientemente de si su condición es o no regular, enfatizó el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), António Vitorino.

El acceso al biológico, aseveró, no tiene por qué representar un riesgo de deportación o detención para los migrantes, por el contrario, en esta crisis sanitaria los Estados deben anteponer el derecho a la salud a la aplicación de las leyes migratorias.

Los países deben prever la vacunación de todos los que están presentes en su territorio, incluyendo a los migrantes, independientemente de su estatuto legal. No se trata de crear una prioridad para los migrantes. Al revés, se trata de aplicar a los migrantes los mismos criterios que se aplican a los ciudadanos nacionales. Es decir, aquellos que son más vulnerables por la edad o por razones de salud.

Alertó que las personas migrantes y refugiadas son un grupo social al que no se tiene en cuenta de inmediato en los programas de vacunación de algunas de las naciones que ya cuentan con el antídoto.

António Vitorino recordó que la salud es un derecho humano y que también es de interés para los países de acogida que todas las personas presentes en su territorio estén sanas, seguras y se les preste los cuidados de salud esenciales, entre estos que se les garantice el acceso a la inoculación.

Por separado, 134 organizaciones del continente, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados en México, Costa Rica y Colombia, la Red Nacional de Líderes Migrantes de Argentina, y más de 200 académicos y especialistas, urgieron a los gobiernos de la región a brindar el derecho a la vacuna a los migrantes y refugiados.

Recordamos a las autoridades que la obligación de respetar y garantizar los derechos de la vida, integridad y salud de absolutamente todas las personas que se encuentren en su territorio y bajo su jurisdicción está expresamente establecida en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados y ratificados por los mismos Estados, los cuales tienen carácter vinculante, demandaron.