La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) tendría consecuencias negativas en los procesos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas –una de las principales problemáticas a causa de la violencia en el país– pues, entre otras, plantea eliminar la participación de la dependencia en el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), aseveró el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La institución humanitaria internacional enfatizó que, si bien hay logros, existen muchos retos para la adecuada implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, a tres años de que fue instrumentada, pues de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México se reportan 82 mil 323 crímenes de este tipo, de los cuales 7 mil 38 se cometieron durante 2020.

Lo anterior indica que la problemática persiste y que se requiere mantener los esfuerzos realizados hasta el momento, subrayó Martin de Boer, jefe de operaciones del CICR para México.

Aseveró que la iniciativa, presentada en diciembre pasado en el Senado, aún no ha sido consultada con las familias. Eliminar la participación de la FGR en el SNB dificultaría el cumplimiento de las acciones relacionadas con el diseño, evaluación de procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de desaparecidos. Esto afectaría la naturaleza del sistema como mecanismo de cooperación interinstitucional, así como la gestión de información y registros entre todos los actores que lo conforman.

La iniciativa de reforma propone, además, desligar la búsqueda de la investigación, lo que podría ocasionar una fragmentación más profunda entre estas dos líneas fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

La búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal son procesos que se refuerzan mutuamente, por lo que resulta clave seguir consolidando mecanismos y procedimientos que propicien una efectiva comunicación y coordinación entre la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda, tanto a nivel federal como estatal, y así garantizar el derecho a la verdad y justicia para las familias, planteó De Boer.