La defensa de México de su política energética ante los reclamos de Estados Unidos puede realizarse a través de canales diplomáticos de alto nivel y también mediante los mecanismos de solución de controversias en el seno del T-MEC, consideraron analistas en materia energética.

Las dos visiones contrastantes de interpretación con base en dos capítulos del T-MEC, el capítulo ocho, que es el reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre hidrocarburos, y el capítulo 14, referente al asunto de las inversiones, son los dos renglones controvertidos.

Arturo Carranza, experto en temas energéticos, comentó que el capítulo 31 del T-MEC establece mecanismos de solución de controversias. Generalmente se tiene la impresión de que este tipo de controversias afectan y tienen un impacto en la relación de los estados y la práctica, cuando menos tras el análisis del TLCAN, es que estos mecanismos de solución se utilizaban frecuentemente.

Por su parte, la firma especializada Consultores Internacionales (CI) prevé que la administración del presidente estadunidense Joseph Biden será una relación más apegada al diálogo, a la diplomacia y al respeto mutuo, con menos sobresaltos.

Adrián Fernández, director de la Iniciativa Climática de México, consideró que hay oportunidades para negociaciones a través del diálogo diplomático que ni siquiera tiene que ser público. Aseveró que las mayores dificultades entre países se pueden dirimir de manera confidencial y cuidadosa. Si se hacen públicos los desacuerdos será señal de que no funcionaron los canales de la diplomacia formal pero privada, sostuvo.

La semana pasada los secretarios de Estado, Mike Pompeo; de Energía, Dan Broulliete, y de Comercio, Wilbur Ross, manifestaron la inquietud por el memorando del 22 de julio y la reunión del 22 de septiembre de 2020 en la que se buscó favorecer a las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los funcionarios de Washington acusaron que las acciones emprendidas por el gobierno mexicano afectan los proyectos de las firmas energéticas de capital estadunidense que se encuentran en territorio mexicano, por lo que las inversiones de miles de dólares resultan afectadas.

Señalaron que si bien respetan el derecho soberano de México a determinar sus propias políticas energéticas, están obligados a insistir en que el país cumpla con sus obligaciones con el T-MEC.

En respuesta, el viernes pasado, la secretaria Rocío Nahle García expresó: La relación con Estados Unidos dentro del T-MEC en materia de energía es de respeto a las normas constitucionales de cada país, así quedó especificado en el tratado.

El gobierno mexicano hace referencia al capítulo ocho para justificar el fortalecimiento de las empresas públicas de energía y los inversionistas y los secretarios salientes de Estados Unidos se basan en el capítulo 14.