El modelo penitenciario diseñado y ejecutado por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Felipe Calderón, además de generar una asociación público-privada para duplicar la existencia de espacios carcelarios, generó que las obras que costarían individualmente 4 mil millones de pesos tengan en la actualidad un impacto financiero superior a 32 mil millones de pesos por cada centro.

Cada proyecto fue adjudicado de manera directa y los datos financieros de cada prisión fueron clasificados entre 2009 y 2014 como de seguridad nacional, para evitar que se transparentara la información.

El proyecto que supuestamente pretendía lograr reinserción social mediante trabajo (que las propias empresas constructoras supuestamente les darían), educación, capacitación, salud y deporte, fue un fracaso, señalaron funcionarios federales consultados en torno a la situación que vive el sistema carcelario federal.

Para el primer trimestre de 2012 el proyecto penitenciario ya se había definido; seis grupos empresariales que se encargarían de la construcción y operación de los inmuebles, y además cobrarían extra por los servicios de alimentación, limpieza, recreación y capacitación para los reclusos.

Ex colaboradores de García Luna informaron entonces que “la idea del secretario era que la iniciativa privada se hiciera cargo de ciento por ciento de las operaciones de las cárceles que construyera, como en Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Hubo algunos funcionarios de alto nivel en el gabinete de seguridad nacional que se opusieron, que le dijeron: ‘mejor que pasen los empresarios y solamente construyan, que mantengan las instalaciones y por eso se les paga una especie de renta, mientras recuperan su inversión y sacan una ganancia’”.

El extra fue que se convertirían en prestadores de servicios penitenciarios y con ello sus ganancias aumentarían, ya que en cada cárcel se lavarán un millón 200 mil prendas mensuales y se servirán más de 3 millones de raciones de alimento al año por cada centro.

Así, los grupos seleccionados fueron: Homex, dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación (declarada en quiebra en 2018); Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que dirige Alonso Quintana y una de las más antiguas de México, y que entre 2017 y 2018 estuvo en concurso mercantil; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez; GIA, que preside Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco, firma dedicada a la construcción de carreteras y realización de obras para Petróleos Mexicanos.

A cada compañía se ofreció un plazo de 15 años para recuperar su inversión (con pagos mensuales que realizaría el gobierno federal para amortizar el gasto), y cinco más para obtener dividendos, que estaban estimados en 2 mil millones de pesos para cada compañía.

Los centros que construyó la iniciativa privada son: el número 11, en Hermosillo, Sonora; Cefereso 12, en Guanajuato; el número 13, en Oaxaca; número 14, en Gómez Palacio, Durango; Cefereso número 15, en Chiapas; número 16 femenil, que se localiza en Morelos; Cefereso 17, en Tomatlán, Michoacán.