un año del inicio de la pandemia de Covid-19 se han escrito un sinnúmero de artículos sobre ella. Es más, muchos articulistas se sienten epidemiólogos competentes, pero no son los únicos que dan opiniones de experto o que generalizan desde su propia especialidad. Hemos además presenciado la derrota de un presidente por el mal manejo de la enfermedad en el vecino país. Es, entonces, el momento para hacer un balance acerca de qué no se conoce del virus y, sobre todo, apuntar temas que son insuficientemente explorados, sean o no epidemiológicos y médicos. Es más, una cuestión tan básica como en qué condiciones puede haber una reinfección no se conoce con certeza. Otra problemática de importancia crucial que no tiene una respuesta clara se refiere a la duración de la inmunidad, sea ésta la derivada de la infección o por la vacunación; ambos temas a tomar en cuenta ante la campaña de inoculación.
Una virtud de la política mexicana ante el virus es ratificar la universalidad. Es decir, se está haciendo un gran esfuerzo por dar atención a todos y habrá vacunación universal. Eso es, todo ciudadano tendrá acceso a la vacuna en su debido tiempo. Esta posición es la realización del derecho a la salud sin excepción alguna, valor social y humanitario de la 4T. En este contexto hay que recordar la abundante documentación sólida sobre la desigualdad social ante el contagio y la muerte por Covid-19. Existen indicios que la demuestran en nuestro país, pero faltan muchos estudios para caracterizarla mejor. Los estudios internacionales, particularmente los de Estados Unidos, están documentando con mucha precisión la desigualdad en el contagio y el fallecimiento tanto en la población general como entre el personal de salud. Estos estudios demuestran que la condición socioeconómica precaria y la pertenencia a minorías étnicas guardan una relación directa con una alta frecuencia de contagio y de muerte.
La gran apuesta por la vacunación no deja del todo explícito que el éxito de esta gran iniciativa depende de elementos ajenos a la ciencia médica o epidemiológica. Obedece, en primer lugar, a la capacidad organizativa del Estado y su posibilidad de establecer la logística y coordinación entre los involucrados: los productores de las vacunas, los insumos auxiliares y la capacitación y suficiencia de vacunadores. Otra cuestión, que puede resultar problemática en el futuro, es como manejar la revacunación futura cuando se desconoce la duración de la inmunidad inducida por cada uno de los productos.
La priorización en el proceso de vacunación debe ser justa y al mismo tiempo proteger la vida de los más susceptibles –los trabajadores de la salud y adultos mayores–, así como disminuir la transmisión. Estas tres condiciones no siempre son fáciles de hacer coincidir con un criterio territorial, que es el habitualmente aplicado en las campañas anuales de inoculación en México.
Otro ámbito de una notable desigualdad se refiere a la distribución de vacunas entre naciones ricas y pobres. Las de mayor desarrollo económico han asegurado su acceso a las vacunas a través de contratos con las compañías farmacéuticas financiando una parte importante de sus costos de investigación, mientras las naciones pobres están dependiendo casi exclusivamente de algunas iniciativas filantrópicas como Covax de la ONU. Esto se debe al hecho de que la mayor parte de la inversión en el desarrollo de las vacunas ha corrido a cargo de los gobiernos o algunas fundaciones filantrópicas. Sin embargo, las ganancias serán cosechadas por la iniciativa privada. Al respecto, recomiendo el artículo de Braulio Carbajal en La Jornada (www.jornada.com.mx/notas/2021/01 /10/economia/gobiernos-invierten-en -vacunas-y-la-ip-se-embolsa-ganan cias). Sólo un dato: el valor de mercado de las empresas involucradas en la producción de vacunas aumentó en casi 90 mil millones de dólares, tendencia que les permitirá mantenerse como uno de los sectores más poderosos de la economía mundial.
En este contexto cabe preguntar por qué se está desarrollando un número importante de vacunas, mientras se han tenido pocos avances en el invento de nuevos medicamentos específicos contra el Covid-19. Con excepción de la heparina y la dexametasona en casos graves, ningún medicamento ha mostrado tener efecto curativo contra el virus. ¿Problema científico o de rentabilidad?