ntes del inicio de este pandémico año, el Presidente desató una polémica que, con seguridad, será de orden mayor. Se trata de cuestionar al conjunto de los organismos autónomos inscritos en la Constitución. También irán en este paquete crítico, otros organismos adicionales cuya autonomía es relativa y circunscrita. Esa independencia no se las otorga directamente la Constitución, sino leyes secundarias. Para uno y otro de esos conjuntos será necesario replantear su utilidad y futuro. La perspectiva deberá abarcar su operación completa, de tal manera que salvaguarde los intereses del ciudadano. Sin duda, la discusión será encendida y tocará puntos medulares de la vida organizada del país.
La importancia de dichas instituciones, simplemente por los años transcurridos desde que iniciaron su funcionamiento, se han enraizado en el panorama de la administración pública. Han llegado a constituirse como sujetos de la normalidad del quehacer cotidiano. Tanto el gobierno, como la misma sociedad, ya los ven como parte de su entorno, derechos y accionar. Y es, por esta intención de revisarlos a profundidad, que será obligado penetrar en las entrañas de todos ellos.
Ya se han adelantado algunos de los aspectos críticos que flotarán en la discusión. El gobierno pone el énfasis en los costos monetarios que implican para el ciudadano. En especial, lo que puede considerarse como excesos o dispendios burocráticos provenientes de épocas pasadas. Recursos a rescatar que bien podrían usarse en apoyo a requerimientos de más valor actual para el ciudadano, sobre todo en atención a las urgencias de estos tiempos de crisis múltiples. La exposición adelantada se complementa con la posibilidad de integrarlos al funcionar cotidiano de ciertas secretarías. Ya sea porque de ahí mismo salieron para ser independientes o porque sería conveniente subsumirlos en tales atribuciones de la administración central. De esta sencilla manera se propone que se continúe dando el mismo o, incluso, un mejor servicio al público usuario.
La sociedad, a través de varios de sus actores, también ha ido dando forma y contenido a sus distintas posturas. Se les contempla, a los autónomos, como instrumentos de balance y contrapeso políticos. Instancias que restrinjan el vasto rango de autoridad y poder del Ejecutivo federal. Se les observa como avance en la modernidad de la vida en común. Un escalón más en el desarrollo de la democracia y de la misma administración pública. Suprimirlos, o incluso integrarlos al aparato central, sería para estos opositores un regreso en el perfeccionamiento del sistema institucional. Desandar logros que mucho esfuerzo han consumido en su creación y perfeccionamiento. Se contempla y critica la iniciativa presidencial como el continuado intento de control, un mero deseo de aumentar el poder decisorio que de sobra tiene. Se pone el acento en la indefensión en la que quedarían los derechos de los sujetos protegidos por tales entes ante la inminencia de su desaparición o la posible disminución de deberes y responsabilidades. Se hace explícita la diferencia entre emitir política pública de las secretarias y la regulación del mercado y la vigencia de ciertos derechos.
Lo cierto es que, tan crucial planteamiento, se da dentro del proceso electoral ya en marcha. Y ese factor lo contamina todo. Separarlo es y será imposible. Su politización, por tanto, es un ingrediente que habrá de ser tomado en cuenta para dirimir la polémica. Saldrán a relucir entonces otros asuntos que bien podrían continuar por sendas separadas. Ahora tendrán que ir sumándose al complejo cuadro general. Resaltan varios tópicos de muy sensibles efectos: 1) la pandemia y su manejo, con la creciente numerología al calce y que ya se viene evaluando de manera por demás negativa; 2) los programas prioritarios que han absorbido grandes cantidades de recursos escasos. Inversiones cuantiosas que, en las actuales circunstancias, se debían de revisar y adecuar a la realidad. Esta situación ya ha sido continuamente mencionada por la crítica totalizadora; 3) la priorización de los ingresos públicos que se podrían ahorrar ya son cuestionados y hasta negados; 4) se vuelve a insistir en la reforma fiscal postergada para equilibrar y expandir ingresos basándose en la ya crítica situación de muchas empresas que requieren apoyos, y 5) las derivadas de una nueva presidencia de EU supuestamente conflictiva.
Lo cierto es que una medida de tal envergadura será un elemento que pesará en el ánimo colectivo. Su impacto en el voto es difícil de sopesar, pero sin duda influirá en los electores. El gobierno supone que la intención de buscar a cada paso el auxilio a los que menos tienen inclinará la balanza popular sobre este conflictivo proceso. Todo dependerá de transparentar el efecto positivo subsecuente en el bienestar popular y su influencia en la transformación igualitaria que se busca.
