La Contraloría General del Congreso capitalino resolvió no comenzar procedimientos administrativos disciplinarios sobre la investigación de septiembre de 2018 por presuntas irregularidades en el proceso de licitación para adquirir uniformes y calzado para el personal de base.

El órgano de control interno del Legislativo remitió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el aviso de conclusión del expediente, el cual se abrió a partir de un punto de acuerdo aprobado por el pleno para investigar presuntas omisiones en el proceso licitatorio en que habría incurrido la Oficialía Mayor.

Según los hechos, personal de las direcciones de recursos humanos y servicios generales, en la que estaba al frente Alfonso Vega González, hoy coordinador de Servicios Parlamentarios, habría manipulado prendas que proporcionó la empresa concursante para la evaluación técnica de calidad a fin de emitir un dictamen en sentido negativo.

La denuncia indicaba que se violentó el principio de confidencialidad de los costos ofrecidos, al abrir de manera anticipada el sobre para advertir de un sobreprecio en el calzado, con lo que se dio sustento a declarar desierta la licitación, con lo que la Oficialía Mayor debió emitir un segundo proceso de adquisición.

A más de dos años, la Contraloría General determinó “no iniciar procedimiento administrativo disciplinario en contra de servidores públicos adscritos a este H. Órgano Legislativo“, e instruyó hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de la Dirección General de Quejas y Denuncias, de la Subcontraloría de Legalidad y Responsabilidades para archivarlo como asunto total y definitivamente concluido.