e acuerdo con un reportaje que se publica hoy en estas páginas, buena parte del territorio de Guerrero se encuentra sometido a un virtual estado de silencio informativo impuesto por diversos poderes, tanto constituidos como fácticos. Con un historial de 14 periodistas asesinados, un desaparecido y varios más en situación de desplazamiento o exilio, la entidad sureña experimenta, además, la desaparición de numerosos medios impresos y radiales y las restricciones o el veto total a la circulación de otros en diversas regiones, en tanto que los informadores que aún se atreven a hacer su trabajo enfrentan constantes amenazas y agresiones.
Los responsables principales e inmediatos de este silenciamiento masivo son los grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado, pero el periodismo guerrerense debe hacer frente además a autoridades locales que ven en la información una potencial amenaza a sus intereses o que por temor o complicidad son incapaces de garantizar su libre ejercicio; a estos factores se agregan los protagonistas de conflictos agrarios, los taladores e incluso curas parroquiales.
Los datos disponibles indican que en Guerrero los conflictos políticos y sociales suelen entrelazarse con fenómenos delictivos, lo cual se traduce en una ruptura del estado de derecho en muchos de sus municipios y regiones e incide en el fortalecimiento de la impunidad. Pero el hecho de que muchos informadores hayan sido silenciados por diversos medios hace pensar que la realidad de la entidad es incluso más grave de lo que se piensa, en la medida en que resulta imposible sacar a la luz mucho de su acontecer, especialmente en lo que se refiere a violencia y descomposición.
Por eso mismo, garantizar el libre ejercicio del periodismo en Guerrero no sólo es una obligación de Estado para asegurar el cumplimiento de un derecho humano básico, sino que también resulta crucial e indispensable si se aspira a restaurar el tejido social y a emprender procesos de construcción de paz.
En términos más generales, si bien es cierto que el gobierno federal no representa amenaza alguna a la libertad de expresión, debe reconocerse que ésta continúa siendo una dolorosa aspiración en diversas regiones del territorio nacional, en las que los poderes económicos, políticos o delictivos, así como la connivencia entre dueños de medios y autoridades, hacen imposible contar los hechos o bien obligan a los informadores a distorsionarlos o minimizarlos. No podría este diario soslayar que tales circunstancias, que en 2017 derivaron en los asesinatos de nuestros corresponsales en Chihuahua, Miroslava Breach, y en Culiacán, Javier Valdez, siguen dolorosamente presentes en diversas zonas del territorio nacional. Y en la medida en que no se garanticen la seguridad y la vida de los periodistas, será imposible conocer situaciones que exigen la intervención de las instituciones nacionales y, en consecuencia, concretar de manera efectiva los propósitos de bienestar, paz, seguridad y democracia del actual gobierno.
