Ante el aumento de casos de explotación sexual y de acoso e intimidación cibernética a mujeres y menores de edad durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para constituir un registro nacional de agresores, que contenga los datos de las personas sentenciadas por ese tipo de delitos.

El registro, propone el tricolor, debe incluir a sentenciados por corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, abuso sexual y abuso sexual de menores, así como violación.

Además, se plantea que cada sentencia condenatoria firme o el acuerdo de reparación, en caso de que proceda una suspensión condicional del proceso, definirá el tiempo en que un sentenciado deberá permanecer inscrito en dicho registro.

En el documento se resalta que entre 14 y 56 por ciento del abuso sexual contra niñas y hasta 25 por ciento en abuso sexual a niños ha sido perpetrado por parientes, padrastros o madrastras, por lo cual el confinamiento puede agravar la violencia sexual contra los infantes.

Es necesario atender este problema y buscar mecanismos de protección institucional para la erradicación de estos delitos. Para ello, la Organización de Naciones Unidas considera la igualdad de género en el quinto objetivo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que entre sus metas tiene eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, añade.

Los diputados del PRI consideran que el aumento de agresiones está relacionado con el hecho de que la violencia contra mujeres y menores de edad “se mantiene en las sombras y solamente en contadas ocasiones llega hasta las autoridades judiciales.

La existencia de un registro nacional de agresores sexuales es de suma importancia en múltiples sentidos: por una parte, brindaría a la ciudadanía un mecanismo de alerta, permitiéndoles acceso a la información relacionada con autores de delitos contra la integridad sexual; por otro, busca que las investigaciones sobre delitos sexuales sean más ágiles, además de contribuir a garantizar la no revictimización de quienes sufran este tipo de agresiones y de evitar que se generen nuevas víctimas.

Indican que su iniciativa busca establecer incentivos que repriman la omisión o repetición de conductas violentas contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, al igual que disminuir la reincidencia de delitos.