En un entorno sin precedente, el sector energético nacional e internacional enfrentó uno de los años más retadores, pues por primera vez en la historia el precio del petróleo a nivel mundial se situó en números negativos, es decir, no tenía valor.

En medio de la crisis que generó la pandemia de Covid-19, y como resultado de lo anterior, diferentes países miembros de la industria petrolera, entre los que México está incluido, se vieron obligados a reducir sus niveles de producción, para evitar un declive mayor.

A escala nacional, la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo más estricta la relación con las empresas privadas de energía, debido a la aplicación de una política energética que tiene como fin proteger a las firmas nacionales.

Así, se tomó la decisión de revisar y renegociar los contratos con las empresas privadas del sector, tanto nacionales como internacionales, encargadas de la construcción de gasoductos a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.

De cara a esto, empresarios solicitaron al gobierno de Estados Unidos reuniones con el gobierno de México, puesto que consideran que el panorama dentro del sector es de incertidumbre y no garantiza las inversiones en el país. Meses más tarde, el gobierno tomó la decisión de cancelar los permisos para importar gasolinas a 20 años.

A su vez, agencias calificadoras de valores tomaron la decisión de bajar la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex), dados sus problemas financieros.

En abril, Moody’s dio a conocer que redujo su calificación a Pemex, decisión que fue seguida por Standard & Poor’s y Fitch Ratings.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo un ahorro en términos nominales de 4 mil 342 millones 490 mil dólares al renegociar contratos que consideró leoninos. Se trata de una serie de contratos que, a decir de la CFE, significaban pérdidas puesto que se tenían que pagar cantidades excesivas a los privados que eran dueños de los gasoductos para transportar gas a lo largo de 25 años.

En diciembre, la administración federal tomó la decisión de eliminar permisos para importar gasolinas por un lapso de 20 años.