La pandemia no sólo causó estragos en la salud de la población del país durante 2020, sino también en empresas de la industria, el comercio, turismo y servicios, lo que obligó a la iniciativa privada a pedir ayuda al gobierno federal. Aunque no prosperó la solicitud, se concretaron planes de inversión conjunta en infraestructura para reactivar la economía, entre otros acuerdos.

Aún sin saber que el virus que causa el Covid-19 impactaría en la economía de México, en enero, Carlos Salazar Lomelín y Claudia Jañez, líderes del Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, respectivamente, pidieron al gobierno mayor certeza jurídica a las inversiones, pues tras el estancamiento económico reportado en 2019 la confianza de inversionistas mermó.

La certidumbre que se pidió a la administración federal se intentó concretar mediante el segundo anuncio del Plan de Inversiones en Infraestructura del Sector Privado que se contemplaba en febrero.

Sin embargo, no avanzaron las negociaciones y la pandemia del Covid-19 comenzó a causar retrasos.

En marzo tampoco llegó el anuncio del segundo acuerdo. Empresas de la industria automotriz, como GM, Ford, Fiat Chrysler, anunciaron el cierre de sus plantas en toda la región, incluido México.

Ante la crisis sanitaria y económica de proporciones inimaginables, organismos de la IP propusieron Recomendaciones para el acuerdo nacional. 68 ideas para México, con el cual dieron la tercera llamada al gobierno federal para enfrentar la pandemia y aseguraron que acompañarían al Presidente.

Luego de la implementación de la Nueva Normalidad en junio, que incluía como actividades esenciales a la industria automotriz, la construcción y la minería, por aportar más al producto interno bruto del país (PIB), el sector privado no quitó el dedo del renglón e insistió en poner en práctica medidas como utilizar el 15 por ciento de la línea de crédito flexible que contrató el gobierno de México por un monto de acceso equivalente a aproximadamente 61 mil millones de dólares con el FMI para apoyar el pago de salarios de los trabajadores de las empresas.

Las diferencias entre el gobierno federal con sectores como la Coparmex continuaron. Incluso la Concamin también reconoció un distanciamiento, más no una ruptura.

La iniciativa privada ha tenido diversos desencuentros con el gobierno, los más recientes son la regulación de la subcontratación y el aumento del 15 por ciento al salario mínimo general.

El último día de noviembre, el presidente López Obrador y los organismos que conforman el CCE anunciaron dos paquetes de proyectos de infraestructura que tienen la finalidad de reactivar la economía. El primero de ellos fue por un monto de 297 mil millones de pesos, mientras que el segundo fue por 228 mil millones de pesos.

Además se logró la reforma al sistema de pensiones. Ahora la cuota que aporta el patrón por cada trabajador, se aumentará gradualmente a partir de 2023 y durante un lapso de 8 años. El ahorro total pasará de 6.5 a 15 por ciento, sin que los empleados aporten más de su salario.