Al concluir este año, el Congreso de la Ciudad de México pondrá fin a la contratación de servicios de outsourcing e iniciará el lunes la contratación directa de 131 trabajadores de limpieza que hasta este jueves laboraron con el régimen de subcontratación en sus cinco inmuebles.

Sin ser por ahora basificados, trabajadores que han laborado hasta 19 años con dicho régimen en la extinta Asamblea Legislativa y ahora Congreso, prestarán sus servicios como técnicos operativos de confianza, con un sueldo integrado de 7 mil 746.64 pesos y además del alta en el IMSS tendrán derecho a prima vacacional, aguinaldo, vales anuales de despensa y ayudas ISR (impuesto sobre la renta) para un total anual en prestaciones de 20 mil 703.21 pesos.

Trabajadores informaron que ya les fue requerida su documentación y el lunes empezará la firma de contratos. A los adultos mayores que no se les ha requerido acudir a sus centros de trabajo por ser personas de alto riesgo ante el contagio de Covid-19 se les ofreció, en caso de que su condición física no les permita continuar sus labores, proponer a una persona en su lugar para que ocupe la plaza.

En la proyección del impacto presupuestal para la contratación directa de personal de limpieza y sanidad se determinó un presupuesto de 14 millones 889 mil 838.59 pesos. El costo de las empresas de outsourcing para dichos servicios este año fue de más de 15 millones de pesos, pero el Congreso deberá asumir además el costo de los utensilios y productos para el aseo en sus inmuebles.

Al inicio de la legislatura en 2018, el entonces diputado de Morena Alejandro Encinas Rodríguez consideró prescindir de los servicios de outsourcing y crear con los mismos trabajadores una empresa cooperativa, pero tras solicitar licencia para incorporarse a la administración federal el tema no se volvió a tocar.

Al año siguiente, trabajadores denunciaron abusos de las empresas, como el pago incompleto de sus quincenas o cláusulas en el contrato donde se establecía que el trabajador que intentara constituir una cooperativa estaba obligado a pagar al empleador 2 millones de pesos, lo que llevó al Legislativo a rescindir el contrato y buscar un patrón sustituto.