El debate sobre la posibilidad de vender en el mercado privado la vacuna contra el Covid-19 es inútil en la coyuntura actual, pues la producción es limitada y la distribución debe ser asumida por el Estado como asunto de seguridad nacional, afirmaron especialistas en derechos humanos y legislación sanitaria.

Entrevistados por separado, Kalycho Escoffié, titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrrey, y Enrique Ignacio Urbina Bado, ex coordinador general jurídico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), coincidieron en que es el gobierno, y no el mercado, el que debe asumir el control de la vacunación en esta pandemia.

Escoffié explicó que actualmente sólo hay disponibles 4 millones de vacunas en todo el mundo, y la mitad de ellas han sido adquiridas por los gobiernos de Estados Unidos y China. Sostuvo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y su equivalente continental, conocido como Protocolo de San Salvador, definen al derecho a la salud como fundamental que debe ser garantizado por el Estado, que en este escenario debe asegurar la distribución equitativa y justa.

La poca oferta frente a la abrumadora demanda generaría precios exorbitantes y, muy probablemente, el acaparamiento para lucrar, sostuvo. Aunque no hay impedimento legal para que se pueda ofrecer en el mercado privado, sólo será posible cuando haya suficiente producción, expresó.

Urbina Bado explicó que la Ley General de Salud (LGS) establece el papel del Estado como autoridad responsable para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de cualquier medicamento o vacuna distribuida en México. En este sentido, la fórmula de Pfizer entró al país con un registro prioritario, expedido con base en el artículo 157 de la LGS, que permite el procedimiento en casos de emergencia. Así pues, aun cuando un particular comprara la vacuna y pretendiera entrar con ella al país, no se le permitiría.

En las condiciones, el Estado tiene el deber de asegurar el acceso a las dosis necesarias, en el caso particular de México, de forma gratuita y en cuanto existan las vacunas suficientes sería justo que, aquellos que tengan capacidad económica para comprarla, lo puedan hacer, sin que el Estado tenga que subsidiarlos.