El Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgaron dos contratos por 71.6 millones de pesos a Rapax SA de CV, que se le vincula a la empresa que vendió el sistema espía Pegasus y a otras presuntamente utilizadas por el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.

La contratación del servicio de limpieza a oficinas y áreas comunes con suministro de materiales, que inició el primero de junio y concluye el 31 de diciembre, fue por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y resultar conveniente para la institución.

El contrato CJCDMX/03/2020 firmado por el Consejo de la Judicatura y que se realizó por licitación pública, fue por un millón 342 mil 754 pesos, mientras el contrato TSJCDMX/DOMS/05/2020 fue por 70 millones 324 mil 28 pesos.

Su vigencia también es del primero de junio al 31 de diciembre de 2020 y la empresa ocupa el mismo domicilio fiscal de Tech Bull SA de CV, que vendió el programa espía Pegasus al gobierno federal y que también utilizaron Zamtria y Grisuver SA de CV.

Dichas empresas fantasmas fueron utilizadas presuntamente por Javier Duarte cuando era gobernador de Veracruz para obtener dinero de manera ilegal y se ubican en la calle Homero 538, colonia Polanco, domicilio fiscal otorgado por Rapax.

Pese a que desde hace más de seis años el despacho 303 del inmueble se vio vinculado a investigaciones judiciales por espiar a políticos, periodistas y activistas de derechos humanos, por medio de ese programa Rapax decidió ocupar las mismas oficinas.

En los recientes dos años, la empresa ganó licitaciones en el Tribunal Superior de Justicia, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual ofrece el servicio de limpieza en las instalaciones de Palacio Nacional, donde despacha y reside el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Además, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Fiscalía General de la República y el Instituto Politécnico Nacional, obteniendo ganancias millonarias, aunque en sus oficinas únicamente atiende una recepcionista.

Algunos de sus trabajadores denunciaron que no todos cuentan con Seguro Social, carecen de vacaciones y no reciben reparto de utilidades, le entregan el aguinaldo incompleto, por lo que solicitaron a las autoridades laborales intervenir.