nstituciones públicas de educación superior como las universidades de Guadalajara (UdeG), Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Usmnh), Autónoma de Sinaloa (UAS), Autónoma de Nayarit (UAN) y Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sufren severas insuficiencias financieras y algunas de esas instituciones enfrentan graves dificultades para cubrir aguinaldos, salarios y prestaciones a sus trabajadores, lo que las coloca en la perspectiva inmediata de cierres de actividades por huelgas y otras medidas de protesta laboral.
Más aún, las duras circunstancias económicas que enfrenta una buena parte de centros universitarios estatales plantea un desafío al conjunto de la educación superior pública en el país.
Debe considerarse, al respecto, que tales instituciones arrastran año con año déficit presupuestales que suelen ser cubiertos con cargo a los gastos del ciclo siguiente, lo que reduce las capacidades de absorción de matrícula, erosiona las condiciones laborales del personal académico y administrativo, deja sin recursos los ámbitos de investigación, difusión y extensión académica y propicia el deterioro de las instalaciones.
Varios factores confluyen en esta situación. Debe señalarse, por una parte, la paulatina reducción de los apoyos federales y estatales a las universidades públicas, lo que es indicativo de una inercia que continúa la lógica instau-rada durante los gobiernos del ciclo neoliberal de precarizar en forma paulatina la enseñanza superior pública como una manera de crear mercado para instituciones y empresas privadas.
Por otra parte, es claro que en varias universidades públicas han proliferado –al amparo del estatuto de autonomía– la opacidad, el dispendio y la corrupción, tanto en instancias de dirección como en las organizaciones sindicales.
Es significativo a este respecto que el esquema de desvío de miles de millones de pesos de fondos públicos que operó en el sexenio pasado y que se conoce como la estafa maestra pasó por centros de educación superior de diversas entidades.
En esta circunstancia es ineludible la necesidad de instrumentar a la brevedad la Ley General de Educación Superior, avalada por unanimidad en el Senado de la República a principios de este mes, reglamentaria de la reforma constitucional en materia educativa de mayo de 2019 y que establece tanto la gratuidad de la enseñanza universitaria como los aspectos del financiamiento a las universidades públicas.
Es necesario también el compromiso de las propias instituciones de educación superior de administrar sus presupuestos, en el contexto de su autonomía, en forma austera y transparente, reducir la brecha entre cargos directivos y trabajadores de base y observar de manera escrupulosa los derechos labora-les de los segundos.
Se requiere, por último, desterrar de las comunidades universitarias la percepción de las instituciones de enseñanza superior como cotos de poder y asumir que esa visión pue-de servir a intereses individuales y de facción, lo que, sin embargo, desvirtúa y debilita a las propias universidades.
