Volcán PopocatépetlEditorial El mal menor y el mal mayor
Parece que la termoeléctrica de Huesca va así nomás. Y ésta es una mala noticia.
Señal ominosa no por el daño que sus requerimientos de agua vayan a causar a los agricultores, pues al parecer el problema del riego está resuelto y hay un convenio con la mayoría de los ejidatarios; tampoco por el problema del ruido, que finalmente no es tanto, sino porque la puesta en marcha de la planta significa que también el gasoducto entrará en operación. Y ahí sí.
Y ahí sí hay un problema, un problema grave. Un enorme daño potencial para la región, que no solo no está desactivado, sino que ni siquiera es suficientemente visible. Porque el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), centró su lucha en la “batalla de Huesca”, y ésta es la cuestión del Río Cuautla, asunto relativamente menor y técnicamente soluble. Con lo que se dejó de lado el impacto del gasoducto y sus futuros ramales en regiones con riesgo volcánico del entorno del Popocatépetl hoy agrícolas y poco pobladas, que el acceso al energético industrializaría y urbanizaría transformándolas en una bomba de tiempo.
La activación del gasoducto es un problema mayor no porque de haber una erupción fuerte del Popocatépetl, el tubo colapsaría, lo que ciertamente es un riesgo, sino porque desde hace años se planeó que el gas que no empleara la termoeléctrica -dos terceras partes de la capacidad del ducto- se utilizara para detonar el desarrollo industrial y urbano de la única área del entorno del volcán que aún no han invadido las conurbaciones de Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Cambio de uso de suelo que sería un desastre mayor, en términos de daño ambiental, degradación social e incremento exponencial de la población en riesgo volcánico. “No es lo mismo evacuar a 30 mil que hay ahora, que evacuar a 3 millones que habrá si por el gasoducto se extiende a la zona la conurbación Puebla Tlaxcala Morelos”, repite una y otra vez Aurelio Fernández del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder).
Ni el presidente López Obrador, para quién la cuestión de los impactos de la termoeléctrica en Huesca está resuelta, ni el FPDTA que sostiene que no lo está, atienden al tema del ducto y sus ramales redistribuidores; una amenaza cierta y grande que quizá inquiete menos y movilice menos por ser de mediano y largo plazo, pero que es mucho mayor que el sobredimensionado y politizado diferendo por el agua.
Hace casi dos años escribí que me parecía bien que se activara la termoeléctrica… si se resolvían algunos de los problemas señalados por los expertos y denunciados por la gente. El mayor de ellos no se ha resuelto. Por eso hoy su puesta en marcha me parece mala noticia. Reproduzco lo que escribí en este Suplemento a principios de 2019.
“Técnicamente irresponsable, económicamente discutible, poco transparente en su adjudicación y socialmente autoritario el Proyecto Integral Morelos (PIM) es ejemplo del tipo de emprendimientos que impulsaban los gobiernos del PRI y el PAN. El proyecto viene de 2009, pero desde 2011 empiezan las protestas contra la termoeléctrica que se construiría en Huesca, Morelos, y contra el gasoducto que correría por tierras de Tlaxcala, Puebla y Morelos. También los expertos han señalado reiteradamente que es necesario revisar el trazo y espesor del gasoducto, que pasa por zonas de riesgo volcánico. Otros han denunciado la opacidad con que se contrató el proyecto que desarrollan empresas como Abengoa, Alquenor y su subsidiaria Enagas.
“Torpe en su diseño y atrabancado en su realización, el PIM ha sido resistido y cuestionado por muchos. Y en 2014, cuando las obras apenas empezaban, el propio López Obrador dijo en Anenecuilco: ‘Nosotros no queremos esa termoeléctrica’. Sin embargo, pese a la enérgica y persistente oposición, los 160 kilómetros de gasoducto y la planta energética se concluyeron.
“Muchos opositores pensaron que, con el triunfo de López Obrador, ahora sí el proyecto se echaría para atrás. Pero se llevaron la sorpresa de que, dado que la obra ya existía y la inversión había sido cuantiosa, el nuevo gobierno se propone continuarlo. Si entendemos que el costo (económico, social y ambiental) de revertir algo que estuvo mal, puede ser mayor que el de asumirlo y compensar en lo posible los daños, comprenderemos la postura de López Obrador. Lo que sin embargo no cancela los muy fundados cuestionamientos que se le han hecho a la obra, y que también son atendibles.
“Es posible recuperar la cuantiosa inversión y avanzar en nuestra soberanía energética, al tiempo que se minimizan los daños y riesgos, particularmente los volcánicos que tienen que ver con el ducto y los hídricos que tienen que ver con el derecho de los ejidatarios a seguir recibiendo aguas utilizables para la agricultura”.
Sí a la termoeléctrica, dije entonces, pero deben atenderse los problemas. Se resolvió el del agua, no los del gasoducto. Por esto digo ahora que su inminente puesta en marcha es una mala noticia por razones que entonces mencioné y ahora amplío.
El ducto tiene capacidad para conducir 9.5 millones de metros cúbicos diarios de gas de los que la termoeléctrica emplea 2.9, de modo que quedan 6.6 millones. Más de dos tercios del total cuya distribución tienen concesionada las corporaciones españolas Abengoa, Elquenor y Enagas que realizaron la obra.
Para hacer llegar el energético a futuros usuarios se requieren ramales de distribución, ductos que están claramente previstos pues cuando menos en Atlixco, Nealtican y Tecuanipan la investigadora del Cupreder Alejandra López ha encontrado válvulas destinadas a este propósito.
Y la disponibilidad del gas haría rentable el establecimiento de industrias, lo que a su vez provocaría poblamientos y multiplicación de empresas proveedoras de servicios. Parques industriales y urbanizaciones establecidos en 15 municipios de Puebla, 10 de Tlaxcala y ocho de Morelos que hoy son básicamente agrícolas y con una muy baja densidad poblacional, pero que además proveen de servicios ambientales, pues conforman la zona de recarga de los acuíferos de los que depende el abastecimiento de agua a unas15 millones de personas de la región.
En estudios realizados entre 2001 y 2007, con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico, el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia, señaló el riesgo de expansión de grandes zonas habitacionales como la que ya existe en Atlixco, Puebla, con la consecuente disminución del aforo de manantiales, pozos y escurrimientos agravado por el incremento explosivo de la demanda. Llamado a conservar la vocación natural de las partes altas, medias y bajas de la Sierra Nevada que tiene que ver con la preservación ecológica, pero también con el riesgo volcánico.
“Llevar a la región del Popocatépetl un modelo de desarrollo que va a generar presiones mayores al medio ambiente, agua, suelo, desplazamiento de usos agrícolas y apertura a usos industriales comerciales y habitacionales es inconveniente y no lo han ponderado en el proyecto”, escribieron Alejandra López y Aurelio Fernández, en este Suplemento.
“Imaginemos asentamientos humanos, industriales, habitacionales y de servicios localizados en los puntos de avalancha de escombros, lahares o proyectiles basálticos arrojados por Don Goyo”, escribió Aurelio en La Jornada.
El cambio de uso del suelo en los municipios que recorre el gasoducto es el eslabón faltante de una ominosa cadena. Con el desarrollo industrial, comercial y habitacional del área hoy preservada, se cerraría totalmente en torno al volcán la interminable megalópolis formada por las conurbaciones de la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Morelos que aprisiona por todos lados a Don Goyo. A ver quién ruge, quién trepida, quién humea más…
Combinar explosiones demográficas con explosiones volcánicas es una pésima idea pues a la postre el incontenible avance de lavas y lahares resulta menos peligroso que el irrefrenable avance de los poblamientos humanos.
El FPDTA está empeñado en parar la termoeléctrica, ahora solicitando medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de modo que escala problemas locales en gran medida resueltos y coquetea con la provocación. “Si se da una represión fuerte es mucho más fácil que proceda emitir medidas cautelares que puedan generar la suspensión del proyecto por orden internacional”, declaró temerariamente el representante legal del Frente Juan Carlos Flores Solís, al Sol de Cuernavaca el 1 de septiembre. Así, la lógica política hace que un mal menor pero explosivo, mediático y ubicado donde ellos tienen fuerza suplante un mal mayor que tendríamos que parar entre todos y de otra forma.
Los integrantes del Cupreder, que tienen décadas de trabajar sobre el problema, plantean las cosas de distinta manera: “No consideramos necesariamente que la planta o el gasoducto no puedan operar, pero es condición indispensable corregir los errores del proyecto”. Y hace tres meses Aurelio Fernández sintetizó en La Jornada: “Hay forma de evitar la tragedia, que la Comisión Federal de Electricidad revoque el permiso de distribución de gas en los ramales y lo haga exclusivo para la termoeléctrica”. Esto es radicalidad y no alharaca.•
