Toluca, Méx., El pleno de la legislatura del estado de México aprobó ayer por mayoría una ley de amnistía que permitirá la excarcelación de aproximadamente 5 mil reos de las cárceles de la entidad, entre ellos mujeres, jóvenes indígenas, adultos mayores y personas pobres que fueron sentenciados por delitos no graves, informó el diputado Max Correa, de Morena.

Agregó que esta ley ayudará a mitigar la saturación de las prisiones, donde hay una sobrepoblación de más de 31 mil internos.

La ley de amnistía fue resultado de cuatro iniciativas que en distintos momentos presentaron los partidos Morena, de la Revolución Democrática y del Trabajo, y una de origen ciudadano; además, fue enriquecida con propuestas del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de colectivos ciudadanos y familiares de internos, que se recibieron en un parlamento abierto donde se analizaron las iniciativas.

Una vez que sea promulgada y publicada por el gobernador Alfredo del Mazo, la ley se aplicará en 13 supuestos a fin de beneficiar a grupos vulnerables y personas que hayan cometido delitos menores.

Los que hayan sido acusados de robo sin violencia y el monto de lo hurtado no exceda 400 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a cerca de 35 mil pesos, alcanzarán este beneficio, siempre que se haya reparado el daño. Los acusados de robo con violencia sólo serán liberados si no infligieron lesiones a las víctimas, no usaron armas de fuego y el monto de lo robado fue menor a 90 UMA (alrededor de 8 mil pesos).

No serán elegibles los que cometieron robos de vehículos y autopartes, a pasajeros, al transporte, a casas habitación y de mercancías.

Las mujeres encarceladas por aborto podrán beneficiarse de la amnistía, lo mismo que indígenas y personas en pobreza extrema que hayan sido forzados a la comisión de algún delito no grave. También aplicará para acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa y adultos mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas.

Entre los supuestos se incluyó a los acusados de delitos contra la salud en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud (posesión de estupefacientes) cuando se trate de personas en pobreza extrema o indígenas que hayan sido obligados a la comisión del delito por grupos de la delincuencia organizada.

El Poder Judicial mexiquense será el encargado de aplicar la amnistía y para ello deberá haber solicitud del acusado o sentenciado a un juez de control, que en un plazo de tres días deberá decretar si da trámite a la solicitud y en un plazo no mayor a 30 días deberá emitir un dictamen final sobre la procedencia de la solicitud tras el análisis del caso.

El único grupo parlamentario que votó en contra de la Ley de Amnistía fue el del Partido Acción Nacional, que desde el inicio se opuso por considerar que se violentaban las garantías de las víctimas y se abriría la puerta para que delincuentes salgan de la cárcel.