En reunión del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la erradicación del embarazo infantil y su prevención en adolescentes representa una prioridad para la política de población del gobierno federal.

El enfoque, dijo, no solamente debe estar en la salud pública, sino también en las políticas de población y en la erradicación de la violencia de género. Añadió que debe prevalecer el libre ejercicio de la sexualidad y también, por qué no decirlo, de acuerdo con su orientación sexual e identidad de género, sin discriminación ni violencia.

Destacó que la responsabilidad de ninguna manera debe recaer sólo en las mujeres: Tenemos que quitarnos el tabú, porque las y los adolescentes son sujetos de derechos plenos y tienen derecho a tener una vida sexual plena, pero así como tienen ese derecho, tienen también que ser responsables de esta vida sexual plena para que se les permita a ellos prevenir, y permitirnos apoyarlos a prevenir, a evitar los embarazos no deseados.

En la sesión se aprobó la segunda etapa de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

La titular del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez Ramírez, indicó que los ejes rectores transversales en la reorganización serán la perspectiva de género y de juventudes, curso de vida, pertinencia cultural, ciudadanía y derechos sexuales y reproductivos, junto con educación integral de la sexualidad y sicosocial. Además, entre otros, servicios de salud amigables e identificación y atención oportuna e integral de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, destacó la necesidad de fortalecer el trabajo con los estados para prevenir el embarazo en adolescentes y erradicarlo entre la población infantil, resultado siempre de una violación.

En el Inmujeres decidimos orientar por segundo año consecutivo el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (Fobam 2020), que contó con una bolsa presupuestal de 88 millones de pesos, a las 32 instancias de las mujeres en las entidades federativas para impulsar acciones contundentes que contribuyan a erradicar los embarazos en niñas y disminuirlos entre las adolescentes.