Con el presupuesto destinado a derechos humanos, que suma 20 mil 272 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México capacitará a elementos de la policía local en materia de libertad de expresión y disminuir progresivamente la práctica de tortura.

En la Ley de Egresos aprobada el martes por el Congreso se destaca la implementación de estrategias en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que los policías actúen conforme a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de uso racional de la fuerza en detenciones.

Los recursos también serían destinados a la creación de un esquema de monitoreo público de quejas relacionados con el incumplimiento del debido proceso, y formatos de quejas que protejan la confidencialidad y que aseguren que no existan represalias.

También se busca impulsar la creación de unidades especializadas para mujeres víctimas de violencia, y contar con un programa integral de promoción de los derechos humanos para poblaciones callejeras

Verificarán contribuciones

Por otra parte, las reformas al Código Fiscal aprobadas establecen que la Secretaría de Administración y Finanzas podrá ejercer su facultad de comprobación respecto de contribuyentes en caso de hallar irregularidades en sus dictámenes de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Lo anterior se aplicará cuando la autoridad hacendaria encuentre inconsistencias en los dictámenes, en caso de que impidan el ejercicio de las facultades de comprobación, incurran en la omisión de proporcionar la documentación comprobatoria de sus obligaciones fiscales, no cumplan con la obligación de presentar declaraciones o presenten avalúos que no reúnan los requisitos establecidos para que produzcan efectos fiscales o no correspondan al periodo revisado y el valor declarado sea inexacto, impreciso o falso.

Se prevé la interrupción de los plazos de verificación y comprobación de obligaciones por casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan a la autoridad continuar el ejercicio de sus facultades –como la actual emergencia sanitaria por Covid-19–, lo que deberá publicarse en la Gaceta Oficial.