Un juez de control giró una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda y Crédito Público Francisco Gil Díaz, al ser considerado presunto responsable del delito de abuso de confianza en contra de la sociedad Oro Negro

En audiencia privada, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local aportó elementos de prueba en contra del director general de Oro Negro para que el juez de control de la capital concediera la cuarta orden de detención.

A petición de la FGJ, desde septiembre del año pasado Gil White es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que emitió una ficha roja para su búsqueda, localización y detención en más de 190 países con fines de extradición.

La primera orden de aprehensión en contra de Gil White fue emitida en julio de 2019 por los delitos de abuso de confianza y supuesta administración fraudulenta de más de 750 millones de pesos de Oro Negro, además de que la ficha roja de la Interpol alcanza a cuatro de sus socios.

La segunda orden de detención se emitió en noviembre de 2019; mientras el pasado 20 de agosto un juez de control de la Ciudad de México ordenó la tercera captura de Gil White, así como de Carlos Enrique Williamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann Delong por ser presuntos responsables del delito de abuso de confianza en contra de la sociedad Oro Negro.

Sin embargo, en septiembre pasado el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal de primer circuito otorgó a Gil White una suspensión provisional contra la tercera orden de aprehensión que se libró en su contra.

La juez María Dolores Núñez admitió a trámite la demanda de garantías y precisó que la concesión de la suspensión no implicaba perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público, por el contrario, en caso de no otorgarse se causarían perjuicios difíciles de reparar.

De acuerdo con fuentes judiciales, las líneas de investigación que siguen las autoridades de la FGJ están relacionadas con los presuntos desvíos de recursos en perjuicio de sus inversionistas y de las administradoras de fondos para el retiro que invirtieron para capitalizar a las empresas que firmaron contratos con Petróleos Mexicanos en el sexenio pasado.