Martes 15 de diciembre de 2020, p. 28
Chilpancingo, Gro., Pobladores del ejido La Ciénega de Puerto Alegre retuvieron la tarde del domingo un camión tipo torton cargado con madera y la madrugada de ayer impidieron el paso a tres unidades que iban por más; asimismo, denunciaron la explotación ilegal de sus recursos naturales.
Vía telefónica, los campesinos solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Héctor Astudillo Flores que envíen a la Guardia Nacional y a la policía estatal para que instalen un retén en el poblado Cruz de Ocote, donde retienen el vehículo cargado con madera de pino y acahuite.
Acusaron a habitantes del vecino poblado de Coronillas, también del municipio de San Miguel Totolapan, de prestarse al saqueo de bosques y anunciaron que demandarán a las autoridades de esa comunidad por expedir permisos.
Los labriegos advirtieron que ya no van a permitir más depredación y responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de lo que suceda, pues en reiteradas ocasiones han solicitado que intervengan para impedir la sustracción de madera por grupos delincuenciales en los siete anexos de esa comunidad.
En días pasados también señalaron que las autoridades serán responsables de la violencia que pudiera ocurrir porque van a detener los camiones que, aseguran, son financiados por el narcotráfico.
Los lugareños explicaron que en su comunidad los servicios educativos y de salud son deficientes o de plano no existen; las instituciones públicas no promueven la generación de empleos; no hay planes de desarrollo regional ni seguridad pública y no se garantizan los derechos humanos
.
Indicaron que el crimen organizado ha promovido por décadas el cultivo de la amapola y actualmente la tala ilegal
, en la cual se ocupa “la mano de obra campesina, por las buenas o por las malas.
“La guerra entre los grupos delincuenciales por el control de la sierra ha dejado un éxodo de familias, pueblos fantasmas, numerosas desapariciones, ejecuciones, viudas, huérfanos, albergues que se crean y luego desaparecen por desatención del Estado, y mucho daño sicológico para las familias”.