Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos salieron tranquilos de la reunión que tuvieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque reiteraron su exigencia de que se acelere el cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en los hechos y se continúe con los encuentros mensuales para dar seguimiento al caso.

Fue una reunión de balance de lo logrado. Ellos nos hacen un recuento de más o menos 80 órdenes de aprehensión libradas, de las cuales 30 o 40 ya fueron ejecutadas, indicó Vidulfo Rosales, representante legal de las víctimas.

En entrevista fuera de Palacio Nacional, el abogado señaló que la imputación hecha por las autoridades en contra del militar José Martínez Crespo es por delincuencia organizada, aunque los padres de los 43 insisten en que sea por desaparición forzada.

Extradición complicada

Asimismo, explicó que el tema de la extradición de Tomás Zerón (ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal) es complicado, porque no hay tratado de extradición con Israel. Ahí lo que se tiene que buscar es que el gobierno federal trabaje para que se le expulse del país en el que hoy se encuentra escondido el ex funcionario.

Aunque admitió que las festividades decembrinas son épocas difíciles para las familias de los estudiantes, Rosales estimó que el balance es positivo de lo que se ha logrado en investigación, detenciones y búsquedas. El Presidente deja el compromiso de que se va a acelerar la investigación y eso deja más o menos tranquilos a los padres y madres.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que en la reunión de ayer se presentó un informe de las tareas que se han desarrollado en los meses recientes vinculadas con el acopio de información y análisis, y cómo se va sistematizando esto para avanzar en la búsqueda de los jóvenes y el proceso de judicialización.

La Presidencia de la República divulgó más tarde un comunicado en el que López Obrador afirmó que continúa el trabajo coordinado hasta localizar a los 43 jóvenes y hacer justicia, porque se trata de una prioridad de Estado y de un caso doloroso que afecta a todos los mexicanos.