Para enfrentar los múltiples problemas que aquejan a México, una de las posibles alternativas es que el gobierno del país solicite la ayuda de organismos internacionales, pero muchas autoridades aún tienen una visión trasnochada en la cual se percibe a estas entidades como un elemento de censura, en vez de entes coadyuvantes para cumplir sus metas.

Así lo advirtió Guillermo Fernández-Maldonado, quien desde hace poco más de dos meses se desempeña como representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En entrevista exclusiva con La Jornada, el abogado peruano hizo un recuento de algunos de los temas más acuciantes de la agenda de derechos humanos en el país, al tiempo que advirtió que la militarización de la vida pública es un recurso contraproducente que no ayuda a mejorar la seguridad, y por tanto debe contar con controles políticos y mecanismos de rendición de cuentas.

Luego de su designación en el cargo, realizada el 21 de septiembre de este año, Fernández-Maldonado sigue en el proceso de familiarizarse con lo que ocurre en México, pero ya identifica con claridad que entre los puntos más preocupantes de la realidad nacional está el de las desapariciones –con los datos espeluznantes de casi 80 mil víctimas documentadas–, el rezago en la identificación forense, el desplazamiento forzado interno y la violencia de género.

Otro aspecto especialmente importante, señaló, es el de las agresiones contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, quienes ponen el dedo en la llaga en temas graves y están recibiendo golpes duros porque afectan intereses muy poderosos.

Tanto comunicadores como activistas, recalcó, enfrentan en México desprestigio, criminalización, amenazas y agresiones de todo tipo, que alcanzan hasta los asesinatos y desapariciones, y cuando enfrentan eso, toda la sociedad pierde, por lo que es esencial que se destinen los recursos suficientes para protegerlos.

Ante dicho escenario, México podría pedir la ayuda de organismos internacionales, pero sabemos que hay resistencias dentro de sectores del Estado por una visión trasnochada que concibe a estas instituciones como elementos de fiscalización y censura, y no como asesores técnicos para avanzar con sus obligaciones y retos.

“El gobierno podría manifestar: ‘tengo voluntad política y quiero resolver mis problemas conforme a los estándares internacionales. Dígame cómo puedo hacerlo’. Pero hay que cambiar el chip de muchas autoridades, de funcionarios y de la gente. En términos generales, hay mucho desconocimiento de lo que es el derecho y las organizaciones internacionales”.

El experto en leyes y administración pública –con experiencia previa en naciones como Colombia, Ecuador, Guatemala y Afganistán–alertó sobre los peligros de ceder a la tentación de militarizar la vida pública de un país y asignarle cada vez más tareas a las fuerzas armadas, pues tenemos decenas de casos en los cuales se ve que es contraproducente, no está alineado con estándares internacionales y no se logran los objetivos deseados.

Tras advertir que la emergencia sanitaria por el Covid-19 va a provocar 15 años de retrocesos en materia de combate a la pobreza, el representante de la ONU-DH llamó a tomar esta crisis como una ventana de oportunidad. No podemos regresar a lo mismo: es inevitable que haya una reflexión colectiva de si vamos por la ruta correcta como planeta, porque esta no va a ser la última pandemia.