n efecto, al grito de amor y paz, la 4T dobló las manos en eso de poner orden de inmediato (AMLO dixit) a la subcontratación de personal (y así evitar el cúmulo de violaciones a la Ley Federal del Trabajo que con esa práctica se cometen todos los días), mientras la cúpula empresarial logró su objetivo: cancelar la posibilidad de que la nueva ley en materia de outsourcing entrara en vigor el primero de enero de 2021, para posponer su revisión en el Congreso –ya moldeada a modo– a febrero próximo, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones en el Legislativo, de tal suerte que su eventual entrada en vigor sería hasta 2022, en el mejor de los casos. Entonces, todos felices, según dicen, menos las víctimas de esas prácticas.

Cuando, en noviembre pasado, el presidente López Obrador envió al Congreso su iniciativa en materia de outsourcing, subrayó que el objetivo es erradicar uno de los frutos podridos del periodo neoliberal, por ser utilizado “como una forma de defraudación fiscal y, sobre todo, que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan prestaciones laborales, los despiden a fin de año, masivamente, y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó y se echó a perder… Estamos seguros de que los legisladores van a analizar a profundidad esta propuesta y, en su caso, podrá aprobarse, y ojalá y sea lo más pronto posible”.

Bueno, lo anterior ya forma parte del anecdotario, porque si bien el Congreso recibió la citada iniciativa, de repente el gobierno decidió armar una mesa de negociación con la cúpula empresarial, como si se tratara de otro Poder de la Federación (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y ¿Empresarial?), dejando a un lado que las reformas legales son analizadas, discutidas, modificadas y/o aprobadas por diputados y senadores, que para eso están, por representar, supuestamente, los intereses de quienes los eligieron (entre ellos los empresarios, como ciudadanos).

Dice el mandatario que no se puede imponer nada por la fuerza. Bien, pero aceptó que la cúpula empresarial impusiera sus tiempos y condiciones para privilegiar sus intereses. Y para ello se convino solicitar al Congreso posponer el análisis de la iniciativa presidencial en materia de outsourcing, es decir, respetuosamente se le solicita que no haga su chamba.

En la mañanera de ayer se dio a conocer el alcance de lo negociado, que, galimatías de por medio, en realidad no dicen mayor cosa: las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación; las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal (entonces, si están de acuerdo, para qué una mesa aparte).

La cúpula empresarial pide tiempo para este proceso, cuando no lo necesitó para precarizar el empleo, pagar salarios de hambre y meter el acelerador en materia de subcontratación. Además, como si fuera un llamado a misa, entre los acuerdos se subraya que las partes invitan, por decirlo así, a las empresas de outsourcing a que de inmediato dejen esas prácticas irregulares, perjudiciales para los trabajadores. Y todos contentos.

Da grima la lista de abajo firmantes de los acuerdos: el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que le dan cuerpo (salvo la Coparmex, CNA y Canacintra, aunque esta última es invitada, no miembro permanente) y los líderes obreros de siempre que, entre otras cosas, permitieron el avance sostenido del outsourcing, mientras volteaban para otra parte, coima de por medio.

Las rebanadas del pastel

Si de chantajes y descaro se trata, allí está Larry Rubin, presidente de la American Society en nuestro país: “México debe cuidar la eliminación del outsourcing, porque las inversiones de empresas estadunidenses pueden migrar a otras latitudes, ya que 92 por ciento (¡¡¡!!!) de las firmas hace uso de ese esquema laboral”.

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