Madrid. Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España y ex jefe del Estado (1976 hasta su abdicación, en 2014), decidió presentar por conducto de su abogado Javier Sánchez-Junco, una declaración de regularización fiscal ante la Agencia Tributaria, con lo cual busca legalizar el uso de fondos públicos de dudosa procedencia.

Entre dichos fondos están las tarjetas bancarias opacas que habrían utilizado él y parte de la familia real y que fueron adjudicadas y pagadas por el magnate mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del monarca y quien tiene numerosos intereses en España, sobre todo en el sector inmobiliario.

Los casos de corrupción que investiga la justicia y que tienen en la mira al rey emérito lo han obligado a hacer algo poco habitual: presentar una declaración paralela ante el fisco español para legalizar fondos y en caso de que sea necesario pagar la pertinente multa, antes de que se abra una instrucción penal que lo podría llevar a juicio, informó el periódico El País, que recibió una filtración de la Agencia Tributaria.

La declaración voluntaria, como se denomina a la petición de regularización, no se refiere a los bienes del monarca en el extranjero –incluidas las supuestas cuentas bancarias en las que habría ocultado decenas de millones de euros producto de actos de corrupción–, sino exclusivamente al uso de las tarjetas opacas.

La fiscalía del Tribunal Supremo ya investiga el supuesto uso de esas tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular entre 2016 y 2018, etapa posterior a su abdicación. El dinero presuntamente pertenecía al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que lo puso a disposición de Juan Carlos de Borbón sin que éste lo declarara a Hacienda ni mediara una donación.

El ex jefe del Estado vive en Emiratos Árabes desde el pasado 17 de agosto, cuando abandonó España de forma furtiva ante el cúmulo de casos que enfrentaba y las declaraciones que hizo su antigua amante y socia, la princesa alemana Corinna Larsen, ante la justicia y los medios.

Fruto de esas declaraciones, actualmente hay tres investigaciones del Ministerio Público. La primera aborda el recorrido del dinero que le dio el gobierno de Arabia Saudita en las fechas en las que se negociaba la construcción del AVE a La Meca, un contrato de más de 6 millones de euros que recayó en un conglomerado de empresas españolas.

La segunda tiene que ver con el uso de tarjetas de crédito en las que ingresaba dinero el empresario mexicano para que miembros de la familia real hicieran uso de esos fondos sin declarar a Hacienda, lo que podría derivar en delitos como blanqueo de dinero o enriquecimiento ilícito.

Y la última investigación apenas empieza y parte de un informe de inteligencia financiera sobre una supuesta fortuna oculta del rey emérito de casi 10 millones de euros en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.